El Consejo de Estado confirmó la sentencia del 31 de mayo de 2018 del Tribunal Administrativo del Tolima al concluir que no era nula la Resolución 742 de 2012 de la ANLA, que levantó la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta por el municipio de San Luis a Cemex Colombia S.A. por presuntos daños ambientales. El caso se originó en la decisión municipal de suspender la explotación de caliza en Payandé, al considerar que las voladuras afectaban fuentes hídricas y viviendas. El municipio demandó alegando violación del debido proceso y daño ambiental. La Sala analizó que la ANLA actuó dentro de su competencia legal, apoyada en un concepto técnico previo, elaborado con visitas y evaluaciones suficientes, sin que fuera obligatoria una etapa probatoria adicional. Concluyó que no se probó la afectación ambiental ni la vulneración del debido proceso y, por ello, ratificó la legalidad del acto administrativo y negó las pretensiones.

Colombia, en alianza con Países Bajos, será anfitrión de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, a realizarse del 24 al 29 de abril de 2026 en Santa Marta. Este evento, gestado tras el trabajo diplomático colombiano en la COP30, busca establecer una hoja de ruta para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, con un enfoque particular en naciones que dependen económicamente de su explotación. La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, enfatizó que la conferencia representa una decisión política para iniciar el cierre de la extracción y el consumo de fósiles. Con el respaldo de más de 60 países y una intensa labor diplomática, el encuentro incluirá asambleas multiactor y diálogos de alto nivel con gobiernos y ministros, consolidando a Colombia como líder en la mitigación del cambio climático

La CRA levantó la suspensión de la actuación administrativa para la adopción de nuevas fórmulas tarifarias de acueducto y alcantarillado porque la recusación presentada por una ciudadana contra la Experta Comisionada fue declarada infundada. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió el 2 de enero de 2026 que la causal invocada no estaba acreditada, y esta decisión quedó en firme el 15 de enero de 2026. Al resolverse la recusación, se eliminó el motivo de la suspensión, permitiendo la continuación del proceso para la elaboración del documento final de la metodología tarifaria.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico decidió levantar la suspensión de la actuación administrativa para adoptar las nuevas fórmulas tarifarias del servicio público de aseo aplicables a prestadores que atienden municipios y distritos urbanos con más de cinco mil suscriptores. La actuación había sido suspendida por una recusación contra una experta comisionada, presentada durante el trámite del proyecto regulatorio que subroga la metodología tarifaria vigente. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió la recusación y la declaró infundada, decisión que quedó en firme. Con base en ello, la CRA concluyó que desapareció la causa que originó la suspensión y ordenó reanudar el procedimiento, que se encontraba en la etapa de elaboración del documento final, conforme a las reglas del proceso regulatorio. La resolución dispone además la publicación y comunicación del acto, para dar continuidad a la adopción del nuevo marco tarifario.

La ANH publicó un proyecto de norma que establece el precio promedio internacional del petróleo crudo Brent para el año 2025 en 67,73 USD/barril, acompañada de una tabla de percentiles de precios promedio mensuales. Esta medida responde a lo ordenado por el numeral 2 del parágrafo 3 del artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2277 de 2022. El objetivo principal es determinar los puntos adicionales que deberán sumar al impuesto sobre la renta las empresas dedicadas a la extracción de petróleo crudo (CIIU-0610). Los valores, incluyendo los percentiles 30, 45 y 60 (70,56; 77,50; 82,05 USD/barril respectivamente), fueron calculados con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y deflactados con el Índice de Precios al Consumidor de ese país. La resolución busca asegurar la correcta aplicación de las obligaciones fiscales del sector para el próximo año.