La CRA hizo precisiones sobre el modelo de costos y operación para las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) y las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), sobre la base del proyecto de norma de nuevas tarifas. La relación operarios/supervisor se establece considerando riesgos operativos y la presencia de un supervisor por turno, siendo la gestión de seguridad y salud laboral responsabilidad de cada empresa. Se confirmó que el costo por tonelada en las ECA disminuye en municipios de mayor categoría por economías de escala. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) vigilará la remuneración de recicladores vía SUI, mientras los municipios depuran el censo. La provisión para protección social se vincula a la remuneración tarifaria, a la espera de reglamentación del Ministerio de Trabajo. El transporte de personal de sensibilización no tiene rubro específico, pero los costos logísticos y de dotación (EPP) están cubiertos por un 5% de gastos administrativos.

La CRA explicó cómo mantener su suficiencia financiera tras el incremento del salario mínimo para 2026. La entidad subraya que las tarifas pueden actualizarse mediante la indexación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), excluyendo las tasas ambientales, o a través de pasos directos por costos operativos específicos no contemplados, nuevos activos, variaciones significativas del 5% en costos operativos, modificaciones del plan de inversiones o inclusión de auditorías de eficiencia energética. Los prestadores del segundo segmento también pueden usar rangos definidos para Costo Medio de Administración (CMA) y Costo Medio de Operación General (CMOG), indexándolos a precios de diciembre de 2016. En caso de que estas opciones no garanticen la suficiencia financiera, los prestadores pueden solicitar una modificación formal de la fórmula tarifaria ante la CRA.

La CRA hizo precisiones sobre la construcción del Costo de Poda de Árboles (CP) y el efecto del factor de productividad. La entidad subraya que, aunque el CP se basa en costos reales progresivamente, el factor de productividad no altera estos valores históricos. En cambio, su aplicación incide directamente en el valor final reconocido en la tarifa para el suscriptor, con el fin de reflejar eficiencias esperadas en el sector. Este ajuste tarifario debe aplicarse desde la vigencia del factor, incluso si el promedio del CP aún no está consolidado, según lo dispuesto en la normativa vigente. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios supervisa esta aplicación.

La nueva normativa, que aplica para los prestadores que atiendan a más de 5.000 suscriptores ubicados mayoritariamente en zonas urbanas, adopta un esquema regulatorio de carácter diferencial, que articula consideraciones económicas con un enfoque basado en derechos, procurando un equilibrio entre la garantía de los estándares asociados al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico, tales como disponibilidad, accesibilidad, calidad, no discriminación, igualdad y la preservación de la sostenibilidad financiera de los prestadores.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) aclaró que el Nuevo Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores fue construido con rigor técnico, participación sectorial y sin improvisaciones, en cumplimiento de la Ley 142 de 1994. Precisó que no habrá vacío regulatorio, pues entrará en vigor el 1 de julio de 2026 con transición gradual hasta 2028. Negó que imponga nuevas cargas o inversiones obligatorias y explicó que busca equilibrar sostenibilidad financiera, eficiencia y protección al usuario, con metas sobre pérdidas y gestión del riesgo.