Esta actualización incorpora cambios y actualizaciones normativas internas y externas, con el fin de ajustar los principios, pautas y procedimientos aplicables a los procesos contractuales del ministerio. El manual busca garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública, en concordancia con la Constitución y la ley, y se rige por la normatividad de mayor jerarquía. Además, se publica el enlace al manual en la página web del ministerio y el Sistema Integrado de Gestión. 

MinMinas aclaró que una entidad oficial es una persona jurídica de derecho público con función administrativa, comercial o industrial. La contribución especial del sector eléctrico grava a usuarios residenciales de estratos 5 y 6, industriales y comerciales, sin distinguir naturaleza jurídica. Las entidades oficiales, por no ser usuarios residenciales, industriales o comerciales, están excluidas del pago por su calidad de persona jurídica y no necesariamente por su inmueble. Sobre la cesión de contratos, el artículo 129 de la Ley 142 de 1994 aplica principalmente a bienes urbanos, pero en bienes rurales con servicios públicos domiciliarios se ajusta la cesión conforme a la Ley 153 de 1887 y demás normatividad vigente. Además, los servicios públicos no se presumen en áreas rurales, lo que afecta la cesión automática.

Con esta Ley se fortalece la salud mental en Colombia a través de la prevención, atención integral y promoción del bienestar psicosocial. Busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque inclusivo, promoviendo la educación emocional, la reducción del estigma y la participación comunitaria. Establece la creación de sistemas de información para monitorear la situación mental y desarrolla alianzas entre instituciones, empresas y sociedad civil. Además, asegura recursos presupuestales para acciones efectivas y fomenta la investigación en salud mental para mejorar la toma de decisiones.

La Corte Constitucional reconoció que, aunque existen muchas personas con discapacidad vinculadas como servidores públicos, persisten grandes brechas en su acceso y permanencia en el empleo. En un caso específico, una persona con discapacidad visual solicitó apoyo para desempeñar su cargo, pero la entidad responsable no tomó medidas para identificar ni implementar los ajustes razonables necesarios, vulnerando sus derechos a la igualdad y al trabajo. La Corte evidenció que las entidades desconocen cómo identificar barreras y determinar estos ajustes, por lo que ordenó a autoridades competentes elaborar lineamientos que faciliten este proceso y garanticen el derecho al trabajo con todas las garantías para las personas con discapacidad.

L SIC reglamentó el derecho de las personas consumidoras de cigarrillos a acceder a información clara y suficiente sobre productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores, y los dispositivos necesarios para su funcionamiento. Estableció que la información mínima debe incluir instrucciones de uso y advertencias de seguridad, sin contradecir la Ley 1335 de 2009 sobre prohibición de publicidad y promoción de estos productos. También reglamenta procesos de comercialización y acceso a información en idioma castellano, protegiendo especialmente a menores de edad y población no fumadora, conforme a las disposiciones del Estatuto del Consumidor y normas conexas. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones de vigilancia en la materia.