Prensa Jurídica
A través de la presente circular el MinAmbiente expuso de forma extensiva las acciones para mitigar los efectos del fenómeno climático “El Niño” y el manejo de sus efectos adversos en animales silvestres, gestión del riesgo y contaminación del aire. En el texto original publicado por la entidad se encuentran desarrollado, a detalle, cada una de las acciones sugeridas por la autoridad ambiental.
La CRA aclaró que las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios dentro del giro normal de sus actividades deben celebrar contratos de distinta naturaleza para cumplir con sus objetivos, de tal suerte, que el contrato que pueda celebrarse para contar con la modalidad de pago de las facturas de los usuarios a través del uso de las tarjetas de crédito no está proscrito por la regulación.
A través del presente concepto el ente de Control precisó que “es en el ejercicio del procedimiento de vigilancia y control fiscal, que se adelantan en observancia del debido proceso, que puede realizarse el análisis de una posible responsabilidad fiscal cuando se determine la existencia de un daño patrimonial contra el Estado derivado de la inobservancia del principio de planeación contractual y, en ese orden, será el funcionario competente quien pueda determinar la procedencia o no de la acción fiscal, de una acción de repetición u otra clase de responsabilidad según corresponda”.
La decisión la adoptó la Corte el pasado 23 de febrero de 2023, pero el texto del fallo fue dado a conocer recientemente. “La Sala procedió a plantear como problema jurídico si la norma demandada, al exigir a las personas condenadas, por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado, haber cumplido al menos el 70% de la pena, para poder acceder al beneficio administrativo de permiso por hasta 72 horas, a diferencia de lo exigido a las demás personas condenadas por delitos de competencia de otros jueces, a quienes se les exige haber cumplido con un tercio de la pena, vulneraba o no el derecho de igualdad”.
ANH actualizó la tarifa a aplicar en el cálculo del derecho económico por uso del subsuelo para la vigencia 2024
La Entidad indicó que para la actualización anual de las variables que integran las fórmulas pactadas para la debida liquidación de los Derechos Económicos, tales como Uso del Subsuelo y Precios Altos para el 2024 será de 6,4228%. El documento original publicado por la entidad contiene unas tablas descriptivas en donde se detallan los valores por hectáreas y otras consideraciones.
MinCiencias publicó para comentarios la hoja de ruta de la misión de Transición Energética
“En este documento se identifican tres problemáticas relacionadas con los procesos de transición energética y de reindustrialización, en los que se requiere la participación del sistema de investigación e innovación del país, así: I.) insuficiente vinculación de la investigación y la innovación nacional para reducir los riesgos e impactos de la transición energética sobre la estabilidad del sistema energético; II.) necesidad de incorporar la investigación y la innovación en la generación de valor en las cadenas productivas de la industria nacional asociada a la transición energética; y III.) articulación deficiente de los actores institucionales, capacidades estructurales deficientes y gestión ineficiente del sistema de investigación e innovación en el ecosistema energético”.
El proyecto regulatorio remitido a la SIC para concepto previo pretende reducir la exposición a los precios de la bolsa de los usuarios regulados, que tienden a presentar un comportamiento incremental en temporadas de baja hidrología como la que atraviesa actualmente el país (Fenómeno del Niño).Dentro de las medidas transitorias está permitir la contratación directa entre comercializadores que atienden demanda regulada y vendedores de energía eléctrica para incrementar la cobertura de la demanda que se encuentra actualmente expuesta a bolsa, a través de contratos de largo plazo.
La Sala confirma la decisión de primera instancia donde se consideró que no procedía la exclusión en debate porque el objeto social del demandante no cobijaba la prestación de servicios públicos. Las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos no eran autónomas, sino connaturales a la utilización de los baños portátiles.