Prensa Jurídica
La “continuidad de la interventoría”, establece una excepción a la regla general de adición de los contratos estatales, en la medida en que no se tendrá en cuenta el límite del 50% del valor inicial del contrato, siempre que se trate de adicionar un contrato cuyo objeto corresponda al de interventoría, en los términos explicados en el numeral anterior de este concepto. En este sentido, la doctrina ha manifestado sobre esta disposición que “el artículo 85 no contiene impedimento para adicionar sin límite el contrato de interventoría, con una ventaja adicional: que puede ser para cualquier objeto de contrato que haya requerido contratar externamente la interventoría.
A través de estos cuatro decretos, el Gobierno nombró los nuevos representantes del presidente de la República en el Consejo Directivo de Corpoguavio, CAS, Corpourabá y Cormacarena.
Texto del decreto que derogó el monitoreo y seguimiento de casos y contactos de COVID-19
La decisión obedece a la caída significativa en la transmisibilidad y mortalidad por Covid-19 en todos los grupos de edad, lo que lleva al sector salud en Colombia a un momento de tranquilidad reflejándose en la reactivación económica y situación social positiva del país.
Texto del decreto que dicta normas de orden público para las elecciones del 29 de octubre y 19 de noviembre de 2023
El presente decreto tiene por objeto dictar normas en materia de orden público, publicidad electoral, equilibrio informativo, apoyo a sufragantes con limitaciones físicas, para el normal desarrollo de la elección de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales del próximo 29 de octubre de 2023, y segunda vuelta de elección de Alcalde Mayor de Bogotá, si hubiere lugar a ello, en lo que en cada disposición aplique, y se garanticen los derechos y libertades individuales, en especial, el derecho a elegir y ser elegido.
Para el Gobierno se hizo necesario establecer las condiciones bajo las cuales el ministerio de vivienda podrá otorgar el subsidio comunitario en la prestación del servicio público domiciliario de acueducto para aquellas comunidades organizadas constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro encargadas de gestionar y desarrollar acciones destinadas a garantizar de manera progresiva el derecho humano al agua
La Entidad resaltó que a la fecha, “sin conocerse el texto definitivo de la sentencia a la cual nos hemos venido refiriendo, es criterio de esta Oficina que las acciones jurisdiccionales de competencia de la Superintendencia de Sociedades mediante las cuales se evalúa la responsabilidad de los administradores sociales por la celebración de operaciones viciadas de conflictos de interés, por incurrir en usurpación de oportunidades de negocio o actos de competencia, por desviar injustificadamente recursos sociales en beneficio propio, entre otras situaciones, aún continúan siendo de conocimiento de la entidad”.
El beneficio de inembargabilidad no es extensivo a los certificados de depósito a término -CDT-: SuperFinanciera
El beneficio de inembargabilidad y su límite reconocidos por el legislador a las sumas depositadas en depósitos electrónicos o en la sección de ahorros de los establecimientos de crédito (bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras) y las sociedades especializadas en pagos electrónicos, no se hace extensivo a los certificados de depósito a término-CDT.
El artículo 130 de la Ley 142 de 1994 previó la figura de la solidaridad entre el propietario o poseedor de un inmueble, el suscriptor y los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, frente a los derechos y obligaciones derivados del contrato de servicios públicos. Las facturas de servicios públicos domiciliarios son títulos ejecutivos que contienen obligaciones claras, expresas y exigibles y que puede obtenerse su pago mediante un proceso ejecutivo, ante la jurisdicción ordinaria o por la vía de jurisdicción coactiva, de conformidad con las normas del Código Civil y Código General del Proceso. La figura de la solidaridad implica que cualquiera de las partes del contrato de los servicios públicos puede responder por las obligaciones derivadas de este y, en consecuencia, el prestador del servicio en su calidad de acreedor puede solicitar el cumplimiento total de las mismas a cualquiera de estas personas.