Prensa Jurídica
“La definición de autogeneración de que trata la Resolución CREG 174 de 2021 es tomada de la Ley 1715 de 2014(1). Con base en esa definición y otras definiciones asociadas, como la de “excedente de energía” incluidas en la misma Ley, y los lineamientos de política pública, se diseñaron las reglas de autogeneración a pequeña escala. Por lo tanto, la actividad de autogeneración a pequeña escala está orientada a que primero se usa la energía de los equipos de autogeneración para atender su propia demanda, y lo que sea energía excedente puede utilizarse para entregarse a la red, sin que exista una relación entre el consumo y la energía entregada a la red. Por lo cual, el autogenerador de pequeña escala podría tener equipos de generación que tengan energía excedente a la red mayor al consumo, sin necesidad de que se tenga o exista una relación entre estos”.
La Entidad ilustró a través de un cuadro, la tarifa que se pagaría por cada una de las actividades del servicio público de aseo. En este ejemplo, “los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 pagan una tarifa menor a los estratos 5 y 6 y los usuarios industriales y comerciales, no obstante, dichos recursos se suplen a través del FSRI, razón por la cual, el prestador o prestadores siempre recibirán los $1.300 que es lo que debe pagar cada usuario por la actividad, en cuanto a los recursos adicionales que pagan los usuarios de los estratos 5, 6, comercial e industrial, estos se dirigen al mismo fondo, y en ningún caso los prestadores pueden quedarse con recursos superiores a los $1.300, que de nuevo, son el costo de la actividad que debe pagar cada usuario.
“Por un lado, el primero es el ámbito temporal para ejercer la facultad de subsanar la oferta, pues la Ley 1882 de 2018 fijó una regla general y una excepción. La regla general es que el límite para que la entidad solicite y para que el proponente corrija lo que haga falta es hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección. La excepción es que el anterior límite no aplica para los procesos de mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta, en este último los documentos o requisitos subsanables deben solicitarse, como límite final, hasta el momento previo a su realización”.
Los interesados podrán inscribirse a través del siguiente link: participación Congreso APMC. La APMC anunció a través de un comunicado de prensa que cuenta con 200 cupos para profesionales, los cuales serán gratuitos; después de los 200 tendrán un valor de $300.000 para todos los interesados. Este gremio agradece a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia por su iniciativa y apoyo a tal propósito.
Lo anterior, dado que presupuestos participativos son una estrategia de democratización del desarrollo local que generan valor público gracias a la participación incidente de la ciudadanía en la identificación de necesidades y en su involucramiento en un proceso de co-creación de soluciones públicas, decisión y control que hace más efectivo el aprovechamiento de los recursos públicos y mejora la transparencia de la gestión local.
La Secretaría Distrital del Hábitat brindará acompañamiento de las gestiones de las empresas de servicios públicos para la suscripción de contratos o convenios que se podrán celebrar entre éstas y las entidades administradoras del espacio público para la construcción y explotación económica de subestaciones eléctricas soterradas y demás componentes para la prestación de servicios públicos y las Tic localizadas en el subsuelo de los elementos de espacio público a su cargo. Estas y otras disposiciones contenidas en este acto.
Texto del decreto que adoptó la Política Pública de Participación Incidente del Distrito Capital 2023-2034
La medida adoptada por el Gobierno Distrital busca facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. De igual manera, se respalda en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 que determina la obligación de las entidades públicas de incluir los principios de la democracia participativa y la democratización al momento de desarrollar su gestión, con el fin de involucrar a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de sus obligaciones misionales.
En el presente comunicado de prensa la Corte Constitucional resolvió declarar la inexequibilidad, con efectos retroactivos (es decir desde la fecha de su expedición por parte del Gobierno nacional), los siguientes decretos: Decreto 1270 de 2023, mediante el cual se adoptaron medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”; el Decreto 1268 de 2023, por el cual se adoptaron medidas para la recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure; el Decreto 1271 de 2023, por el cual se adoptaron medidas en materia de asignación o modificación de obligaciones de hacer contenidas en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico; el Decreto 1278 de 2023, por el cual se adoptaron medidas de emergencia en materia cultural para la protección de la riqueza cultural del pueblo Wayúu y el Decreto 1274 de 2023, por el cual se crea una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.