Sección 3 (2488)
El Consejo de Estado declaró la caducidad de la acción en demanda instaurada por La E.S.E. Hospital José María Hernández, quien pretendió que se le indemnizaran los perjuicios causados por la supuesta omisión en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la SuperSalud respecto del proceso de intervención forzosa y liquidación de la E.P.S. Selvasalud S.A., lo cual, en su criterio, le impidió obtener el pago de los servicios prestados a los afiliados de tal E.P.S. hasta tanto fueron trasladados a otra E.P.S. del régimen subsidiado.
La Sala encontró acreditado “el supuesto error en el que el Distrito de Cartagena adujo haber incurrido, pues la parte actora no demostró que la liquidación bilateral del contrato desconoció el valor de los servicios efectivamente prestados por el contratista y tampoco acreditó que al determinar el saldo final a cargo del Distrito no se tuvo en cuenta el tiempo realmente ejecutado de 7 meses”. La Sala concluyó que la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el vicio que alega requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer la invalidez del negocio jurídico cuestionado.”
“La jurisdicción administrativa no juzga controversias contractuales derivadas de contratos celebrados por entidades públicas financieras, cuando corresponden al giro ordinario de sus negocios”. Para la sala, “en cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman. Ciertamente ello se logra a través de la distribución de competencias por medio de las cuales el Estado de cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del territorio nacional”.
Para la Sala se encontró probado que los funcionarios, para la época de los hechos, fungieron como Superintendente y Director General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo tanto, ostentaban la calidad de agentes del Estado. “Es claro que el Superintendente como nominador y representante legal una entidad pública tiene la potestad de declarar la insubsistencia del nombramiento de un empleo directivo de libre nombramiento y remoción sin necesidad de que dicho acto -como regla general- sea expresamente motivado, toda vez que a esta clase de empleados no los cobija fuero alguno de estabilidad laboral como sí ocurre en el caso de los empleados de carrera administrativa”.
La Sala resolvió el recurso de apelación interpuesto por la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró el incumplimiento de la Entidad y accedió parcialmente las pretensiones de la demanda y condenó la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo por incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con la Corporación Gabaón.
La Sala confirmó la decisión de primera instancia que declaró terminado el proceso ejecutivo, pues le asistió razón al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al afirmar que la obligación de pagar la cláusula penal pretendida carece de los elementos de exigibilidad y claridad. “No obstante, se permite rectificar el entendimiento del juzgador de primera instancia, según el cual, resultaba indispensable para la ejecución de la cláusula la declaratoria previa del incumplimiento, habida consideración de que el artículo 422 del CGP no prevé dicha condición. El artículo referido establece que prestan mérito ejecutivo las obligaciones “claras, expresas y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley”.
El Consejo de Estado declaró la nulidad de las Resoluciones por medio de las cuales el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones e impuso una multa a Liberty Seguros S.A.; por tanto, ésta no está obligada a efectuar pago alguno en virtud de lo resuelto en las Resoluciones y de 2007; en caso de que así lo hubiere hecho, el IDU deberá reintegrar, debidamente actualizada, la suma de dinero que ésta hubiere cancelado.
La Sala concluyó que “la utilización de los referentes consolidados de las pruebas SABER no entrañan los vicios acusados, pues su reglamentación no atenta contra el principio de irretroactividad, tampoco fue producto de un requisito sorpresivo, en tanto que, por más de una década, el Ministerio de Educación venía perfilando tales exigencias que venían siendo aplicadas por las entidades territoriales, incluso por encima de tal referente, si así se requería; estos eslabones, unidos, impiden sostener la existencia de una vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima y, por consecuencia de medidas especiales de tránsito normativo, en tanto las instituciones educativas debían, en todos los casos, atender los mínimos que establecían los entes locales en sus invitaciones públicas”.
“El artículo 1949 del Decreto Ley 111 de 1996 –Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional- dispuso la inembargabilidad de las rentas del presupuesto general de la Nación, así como de los emolumentos del sistema general de participaciones y del sistema general de regalías. Por su parte, el artículo 21 del Decreto Legislativo 28 de 200850 expresó que los recursos del sistema general de participaciones son inembargables, excepto los recursos corrientes de libre destinación de las entidades territoriales, en el evento en que se decreten medidas cautelares con respecto a obligaciones laborales”.
Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la sección Tercera del Consejo de Estado analizó las pretensiones de una demanda, en dos enfoques diferentes: el secuestro extorsivo y el desplazamiento forzado y estudió la caducidad por separado para cada hecho. Un grupo armado al margen de la ley secuestró al demandante y otros y afirmaron que después de su liberación fueron amenazados y desplazados del municipio de Fundación, Magdalena. Alegan que las entidades demandadas (MinDefensa y Policía) omitieron el deber de seguridad y protección.