Consejo de Estado (6859)
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El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) por omisión en el pago de los saldos remanentes de un contrato, cuyos valores fueron determinados en el acta de liquidación y reconocidos mediante el acto administrativo. La responsabilidad se fundamentó en que, aunque la UAERMV había reconocido la procedencia del pago a favor de Liberty Seguros S.A., en su calidad de subrogataria y cesionaria de los derechos, omitió efectuar dicho desembolso, incumpliendo así con sus obligaciones contractuales y administrativas. Liberty Seguros S.A. demostró tener derecho legítimo sobre esos saldos dada su condición de aseguradora-subrogataria, lo que le habilita para recibir los montos pendientes derivados del contrato. En consecuencia, el Consejo de Estado ordenó a la UAERMV pagar a Liberty Seguros S.A. la suma de $274’476.997, correspondiente a los saldos remanentes reconocidos oficialmente, pues se configuró una falta en la materialización del mandato administrativo, afectando el derecho económico de Liberty como cesionaria y subrogataria del contrato.
El Consejo de Estado amparó los derechos colectivos de los habitantes del barrio Olaya Herrera en Cartagena debido a la vulneración causada por el estancamiento de aguas residuales y contaminación ambiental en el Caño Las Flores o El Tigre, que afecta la salubridad, seguridad pública y el ambiente sano. Se constató que el canal está prácticamente descubierto, generando riesgos para la comunidad por la falta de infraestructura adecuada y pavimentación, con puentes improvisados e inseguros. El Distrito Turismo y Cultural de Cartagena debe, en el año fiscal 2025, gestionar y asegurar los recursos para realizar las obras de pavimentación y saneamiento en el tramo entre la avenida Pedro Romero y la desembocadura del caño, con un plazo máximo de 18 meses para ejecutarlas. Además, se reiteró que los municipios tienen la obligación constitucional y legal de adelantar las obras necesarias para el funcionamiento adecuado de redes de alcantarillado, incluso en zonas de alto riesgo, para proteger los derechos colectivos y evitar la violación del derecho al ambiente sano y la salubridad pública, sin que la ausencia de recursos o dificultades técnicas justifiquen el incumplimiento de dichas obligaciones.
El Consejo de Estado anuló el auto del Tribunal Administrativo del Atlántico (Barranquilla) que libró parcialmente mandamiento de pago en favor del Consorcio Riego Agrosur, por falta de competencia funcional del magistrado ponente. Según la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, la providencia para librar mandamiento de pago es competencia exclusiva de la Sala del Tribunal, no del ponente. El magistrado sustanciador emitió esta decisión de forma parcial y sin el debido quórum, configurando un vicio de nulidad improrrogable por falta de competencia funcional. Por ello, el Consejo anuló todo lo actuado desde ese proveído y remitió el expediente al tribunal para un nuevo análisis y decisión conforme a la competencia judicial establecida. Esto asegura el respeto a la estructura procesal y garantías del debido proceso en el cumplimiento del contrato con el Incoder (hoy ADR)
El Consejo de Estado anuló parcialmente la modificación que la DIAN hizo a la declaración de renta de 2008 de Proyectos de Infraestructura S.A. (PISA). La decisión se basó en que, aunque se comprobó la ejecución del contrato de trituración y transporte de material pétreo, la cifra de inversión declarada era mayor a la real. Por ello, se reconoció parcialmente la deducción por inversión en activos fijos reales productivos, fijando un impuesto ajustado según esta cantidad comprobada. La Sala reitera que procede dicha deducción sobre obras de infraestructura vial porque, en los contratos de concesión, las inversiones que hace el concesionario ingresan a su patrimonio como activos fijos durante la vigencia del contrato y deben ser amortizadas conforme a la ley, validando así su consideración fiscal. Esta resolución establece límites claros para el reconocimiento de deducciones basadas en inversiones efectivamente demostradas, garantizando la legalidad tributaria y el principio de favorabilidad para el contribuyente.
El Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado, dado que no se demostró que los actos del Incoder que constituyeron el resguardo indígena Uitiboc generaran un daño antijurídico. Aunque Corpoamazonía había otorgado permisos de aprovechamiento forestal por cinco años en el área de dominio público, la constitución del resguardo indígena, mediante los Acuerdos 225 de 2010 y 317 de 2013, implicó un cambio en el uso del suelo con cumplimiento de exigencias constitucionales, incluida la consulta previa. La negación de la prórroga no impidió que los interesados pudieran solicitar nuevos permisos sujetos al trámite legal correspondiente. Por ello, la Sala consideró que no existió una carga desproporcionada ni daño reparable que justificara la responsabilidad estatal, confirmando la sentencia que rechazó la demanda por ausencia de ilícito y nexo causal.
El Consejo de Estado liquidó judicialmente el Contrato de Interventoría celebrado entre el Consorcio Infraestructura Usme y el Fondo de Desarrollo Local al concluir que la modalidad de remuneración pactada era un precio fijo, independiente del porcentaje de avance de la obra supervisada. La entidad demandada pretendía condicionar el pago al interventor al avance físico de la obra, lo cual fue rechazado por afectar el equilibrio y la buena fe contractual característicos de los contratos conmutativos. Se analizó que el contrato de interventoría es autónomo y no debe asumir riesgos ajenos a su función, por lo que la remuneración debe cubrir los costos y obligaciones del interventor, independientemente del desarrollo del contrato de obra. La Sala también destacó que la matriz de riesgos no contempló vinculación de la remuneración con el avance, y que el pago se debía hacer conforme a lo pactado, garantizando la proporcionalidad y el equilibrio entre prestaciones y derechos.
El Consejo de Estado confirmó la remisión por competencia a la Sección Primera de la demanda de nulidad contra el acto administrativo que nombró en encargo a Orlando Velandia Sepúlveda como experto comisionado de la CREG, mientras ejercía como presidente de la ANH. La Sala consideró que el acto no es de contenido electoral, pues no creó, modificó ni extinguió decisiones sobre nombramientos de naturaleza electoral. Por tanto, no corresponde a la Sección Quinta, especializada en actos electorales. Al no estar atribuido a otras secciones, se aplicó la cláusula residual, asignando la competencia a la Sección Primera. Además, se declaró improcedente recurso contra esta decisión conforme a la Ley 1437/2011.
El Consejo de Estado autorizó el dictamen pericial solicitado por Drummond Ltd. para verificar la legalidad del cobro del impuesto sobre el servicio de alumbrado público en Ciénaga, Magdalena, debido a que la controversia involucra aspectos técnicos complejos, como la proporcionalidad y razonabilidad de la tarifa fijada en relación con los costos reales de prestación del servicio. La empresa alegó que la tarifa no se sustentó en un estudio técnico conforme a la normativa vigente (Ley 1819 de 2016, Resolución CREG 123 de 2011 y Decreto 943 de 2018). Dado que esta información está fuera del conocimiento común del juez, el peritaje es necesario para establecer los costos máximos eficientes y confirmar si se cumplió la normativa al fijar el impuesto, lo que justifica revocar la negativa inicial y decretar la prueba pericial.
El Consejo de Estado declaró nula la Ordenanza No. 524 de 2020, por la cual se autorizaba al gobernador del departamento de La Guajira, para constituir y/o participar como accionista en la creación y conformación de una empresa de servicios públicos del orden departamental porque se evidenciaron vicios formales y sustanciales en su expedición. Principalmente, el proyecto no fue debatido en la comisión permanente correspondiente, vulnerando el procedimiento legal establecido. Además, la iniciativa fue presentada conjuntamente por el gobernador y el administrador temporal del servicio de agua, cuando solo el gobernador tenía la competencia para hacerlo. Tampoco se acompañaron estudios de incidencia económica, administrativa y presupuestal requeridos por la ley. Estos defectos afectaron la validez y competencia para autorizar la constitución y participación del departamento en la empresa de servicios públicos, justificado en que la ordenanza no cumplió con normas de procedimiento y legalidad que aseguran transparencia y legalidad en actos administrativos.
El Consejo de Estado concluyó que el medio de control de reparación directa no se presentó de forma oportuna porque la demanda fue interpuesta el 10 de julio de 2017, mientras que el hecho dañoso ocurrió el 7 de mayo de 2015, con el término preclusivo para ejercer la acción comenzando a correr el 8 de mayo de 2015, día siguiente a la ocurrencia del daño. El término para demandar expiraba el 8 de mayo de 2017, es decir, más de dos años antes de la presentación de la demanda. Además, no se aportó ningún medio probatorio que justificara dicha dilación, como la imposibilidad de conocer el daño oportunamente o la suspensión del término procesal. Por ende, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada, resultando inexorable la pérdida del derecho a reclamar debido a la negligencia en el ejercicio oportuno de la acción, lo que garantiza la seguridad jurídica y el interés general.
