De acuerdo con el documento emitido por la CGR, el Colegio Nacional de Ecólogos es sujeto de control fiscal porque ejerce una función pública al expedir tarjetas profesionales, actividad que constituye una tasa según el artículo 338 de la Constitución Política. Esta función pública implica manejo de recursos públicos, lo que justifica su inclusión dentro del régimen de vigilancia y control fiscal establecido por la Contraloría General de la República. Además, conforme a la Ley 1284 de 2009, el Colegio está legalmente facultado para expedir dichas tarjetas y administrar los recursos derivados de esta actividad. La Resolución Reglamentaria Ejecutiva No. 134 de 2024 dispone que entidades o particulares que manejan recursos públicos, aunque no estén sectorizados en actos administrativos específicos, deben ser sujetos de control fiscal. Por ello, el Colegio Nacional de Ecólogos debe regirse por esta normatividad y ser vigilado fiscalmente para garantizar la correcta gestión de los recursos asociados a la expedición de las tarjetas profesionales.