La Entidad estudió la viabilidad de implementar herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos de auditoría de la Contraloría General de la República y analizó la posibilidad de usar un prototipo de IA para apoyar la Delegada TIC en auditorías micro. Se solicita un concepto jurídico que evalúe la funcionalidad del prototipo y las implicaciones legales de su uso, que abarcan aspectos de seguridad de la información, transparencia, protección de datos y responsabilidad.
Se analizan las disposiciones de la Corte Constitucional en la Sentencia T-323 de 2024, que establece criterios mínimos para el uso de IA en el ámbito judicial, destacando la importancia de garantizar el derecho al debido proceso y la custodia de la información. El uso de IA no debe sustituir la labor decisoria del auditor, lo que implica que la tecnología debe complementarse con el análisis humano.
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