La Contraloría General de la República (CGR) aclaró que los recursos públicos destinados a proyectos de vivienda de interés social bajo contratos de fiducia mercantil tienen una destinación específica, y su administración debe regirse por un marco normativo claro. Aun cuando los proyectos puedan estar finalizados, la figura fiduciaria sigue siendo necesaria para asegurar la transparencia y derechos de los compradores. La entidad fiduciaria, al administrar estos recursos, tiene el deber de rendir cuentas, siendo su gestión objeto de control fiscal por parte de la CGR. Así, esta última ejerce vigilancia tanto sobre los contratos de fiducia como sobre la actuación del fiduciario. Este enfoque garantiza que la inversión en vivienda de interés social esté alineada con las obligaciones constitucionales y legales, promoviendo un manejo adecuado y responsable de los recursos destinados a la construcción de viviendas para poblaciones vulnerables.