La decisión fue adoptada en el pasado 24 de mayo, pero el fallo fue publicado recientemente. La Corte se declaró inhibida para pronunciarse sobre el cargo formulado en contra de los artículos 3, 4, 5, 6 (parcial), 12 y 13 de la Ley 2277 de 2022 y del artículo 50 de la Ley 2010 de 2019 en materia del impuesto a los dividendos, por la presunta vulneración de los principios de equidad y justicia tributaria. De acuerdo con la providencia, el demandante, entre otras imprecisiones, “no explicó con razones constitucionalmente relevantes que el tributo desconozca la capacidad económica de los contribuyente en términos de paridad (equidad horizontal), ni tampoco ofreció los elementos de juicio necesarios para suscitar una duda razonable sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, en el sentido de que estas generen un efecto confiscatorio que desconozca la capacidad económica de los contribuyentes (equidad vertical), en este caso, del socio o accionista sobre el cual recae la imposición de la renta sobre los dividendos”.