del Consejo de Estado ordenó adelantar dicho trámite asegurando la participación ambiental de los actores sociales.
Los actores reclaman la protección de sus derechos fundamentales amenazados con el trámite de delimitación del páramo de Pisba, al no haber socializado ni permitido la participación ambiental en los términos establecidos en el fallo T-361 de 2017. La Sala reiterando la subregla decisional de la sentencia SU-399 de 2019, expone que: “El trámite administrativo de delimitación del páramo fue suspendido, de manera que en la actualidad no existe actuación sobre la cual pudieran recaer las órdenes del fallo de tutela”.