La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió ocho nuevas averiguaciones preliminares contra empresas de acueducto y alcantarillado, en desarrollo de las acciones de control iniciadas por la entidad ante denuncias y reclamos de usuarios por presuntos cobros no autorizados durante la época de aislamiento preventivo obligatorio por Covid-19.

Las personas prestadoras debidamente constituidas estarán sujetas al marco regulatorio desarrollado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, tanto en su funcionamiento como en su estructura tarifaria, a saber: Resoluciones CRA 720 de 20151 y CRA 853 de 20182, las cuales contienen las metodologías tarifarias con base en las cuales los prestadores del servicio público de aseo deben calcular sus tarifas.

Las personas testadoras del servicio de acueducto deben definir las acciones y su periodicidad, orientadas a verificar el adecuado funcionamiento de los medidores, atendiendo las particularidades de su sistema.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) es una entidad del orden nacional, creada mediante el artículo 69.1. de la Ley 142 de 1994, como una Unidad Administrativa Especial con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Los aportes de conexión pueden ser parte de la tarifa; pero podrán pagarse, entre otras formas, adquiriendo acciones para el aumento de capital de las empresas, si los reglamentos de estas lo permiten.