El Ministerio de Ambiente aclara que la Ley 2387 de 2024 permite suspender o terminar anticipadamente procesos sancionatorios si el infractor propone medidas técnicamente soportadas para corregir o compensar el daño ambiental. Aunque no existen términos de referencia específicos, las autoridades pueden fijar parámetros y evaluarán la equivalencia entre las medidas y la afectación. Un acto administrativo sancionatorio solo es eficaz tras su notificación; por tanto, si una solicitud de suspensión se presenta antes de la notificación, debe ser tramitada. Ignorarla y emitir una sanción final vulnera el debido proceso y vicia la decisión. El incumplimiento de plazos por parte de la autoridad podría acarrear responsabilidades disciplinarias.
El Ministerio de Ambiente aclaró que la Ley 110 de 1912, o Código Fiscal, incluyendo su artículo 106, no está vigente. Su validez se perdió progresivamente con normativas posteriores, como el Estatuto Tributario de 1989, que no emplea el término "bosques nacionales", sino "bosque natural". La legislación actual sobre bosques, fundamentada en la Ley 2 de 1959 y los decretos 2278 de 1953 y 2811 de 1974, clasifica los bosques en protectores, públicos, de interés general y de propiedad privada. Esta normativa moderna detalla las Zonas Forestales Protectoras y el régimen de uso de los bosques naturales según su titularidad, reemplazando las antiguas definiciones del Código Fiscal.
Prensa Jurídica publica esta colección de providencias que reúne las decisiones más relevantes adoptadas en 2025 por el Consejo de Estado en materia ambiental. El resumen examina sentencias que, entre otros asuntos, declararon la nulidad de disposiciones ambientales por desconocer normas superiores, anularon actos administrativos relacionados con licencias y proyectos de alto impacto, y reforzaron criterios de protección de recursos naturales estratégicos. También aborda fallos sobre consulta previa, control a la actuación de autoridades ambientales y legalidad de regulaciones técnicas que inciden directamente en el derecho a un ambiente sano. Esta recopilación ofrece un preciso contexto de cómo la jurisdicción contencioso administrativa delineó en 2025 los límites y alcances de la política ambiental en Colombia, convirtiéndose en una herramienta de referencia para abogados, autoridades y ciudadanía interesada en la evolución reciente de la jurisprudencia ambiental.
El ministerio de Minas lanzó una convocatoria nacional para impulsar pruebas piloto de hidrógeno de bajas emisiones, con el fin de reconocer y validar tecnologías en escenarios reales de operación. La iniciativa busca generar insumos técnicos para orientar decisiones regulatorias y de política pública, acelerando la transición energética justa. Se invita a grupos de investigación, empresas y organizaciones a presentar proyectos nuevos o experimentales en seis frentes estratégicos: movilidad (terrestre, aérea, marítima), usos en hogares, procesos industriales, generación eléctrica (especialmente en Zonas No Interconectadas), producción de hidrógeno y sus derivados, e infraestructura de transporte y almacenamiento. El objetivo es consolidar una nueva industria energética en el país. Descargar texto
La expedición de ocho decretos por parte del Ministerio de Ambiente marca un hito en la puesta en funcionamiento del régimen especial de los Territorios Indígenas en la Amazonía colombiana. Estas normas protocolizan los acuerdos interculturales suscritos entre el Gobierno nacional y los consejos indígenas de distintos territorios, consolidando su autonomía político-administrativa y su capacidad de gestión ambiental. Los decretos reconocen el papel de las autoridades indígenas en la protección del territorio, el ordenamiento propio y la toma de decisiones.