El DNP aclara que la financiación de proyectos de inversión para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con Asignaciones Directas del SGR, aunque aprobados, está supeditada a la disponibilidad real de caja. Ante proyectos que superan los montos, se consultó sobre su prelación y el "derecho al turno". La respuesta indica que el presupuesto SGR es "de caja", por lo que las entidades territoriales deben verificar los saldos y el recaudo efectivo antes de firmar convenios. Proyectos de bienios anteriores sin financiación efectiva no tienen prelación automática y podrían requerir nuevas autorizaciones presupuestales. El orden de presentación no exime la verificación de fondos disponibles para la formalización del proyecto.

El Ministerio de Ambiente explicó los requisitos ambientales para el transporte de mercancías peligrosas, destacando las obligaciones que deben cumplir los transportadores. La entidad enfatiza que la normativa clave es el Decreto 1076 de 2015, el cual remite al Decreto 1609 de 2002 (hoy compilado en el Decreto 1079 de 2015 del sector Transporte).

El Ministerio de Ambiente indica que la normativa sobre ruido incluye la Resolución 0627 de 2006 (límites permisibles), la Ley 1333 de 2009 (procedimiento sancionatorio ambiental, modificada por Ley 2387 de 2024), la Ley 1801 de 2016 (comportamientos que afectan la convivencia) y el Decreto 1076 de 2015 (control del ruido ambiental). La "Ley de Ruido" es la Ley 2450 de 2025, que modifica y refuerza la Ley 1801 de 2016 en sanciones por afectaciones a la convivencia sin crear un régimen sancionatorio independiente. La competencia sancionatoria es concurrente: autoridades ambientales (CAR) por infracciones o daño ambiental, y autoridades de policía (municipios, Policía Nacional) por ruido de establecimientos o afectaciones a la convivencia. Los municipios no pueden establecer sanciones mayores a las nacionales.

El Ministerio de Minas publicó un proyecto de norma para adoptar el Plan Nacional de Electrificación Rural para las Zonas No Interconectadas y el Sistema Interconectado Nacional. Este plan busca ampliar la cobertura eléctrica, priorizando soluciones tecnológicas apropiadas y la participación activa de las comunidades. La iniciativa incorpora los avances normativos y tecnológicos del país, incluyendo la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas y la política de Transición Energética Justa. Se enfoca en garantizar la sostenibilidad y la apropiación social de las soluciones, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo Final de Paz. Este esfuerzo interinstitucional refuerza la importancia de la energía como un derecho fundamental y la gestión comunitaria en el sector energético.

El Ministerio de Minas y Energía lanzó una convocatoria nacional para construir el primer mapa oficial del ecosistema de movilidad eléctrica del país. Esta iniciativa estratégica busca consolidar la información fragmentada sobre los diversos actores que impulsan esta transformación, desde fabricantes y proveedores de infraestructura hasta desarrolladores de software y consultores. El directorio permitirá ordenar, visibilizar y conectar a los líderes del sector, facilitando la planificación estratégica y regulatoria, la identificación de barreras y oportunidades, y la articulación entre el sector público, privado, académico y tecnológico. Las empresas que se integren podrán aportar datos clave, ganar visibilidad y ser consideradas en futuros proyectos, contribuyendo a un ecosistema más ordenado y competitivo.