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Martes, 01 Septiembre 2026

Edición 1711 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado decidió abstenerse de resolver de fondo el presunto conflicto de competencias administrativas entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), al concluir que no existía un verdadero conflicto jurídico. El caso surgió por la modificación de la licencia ambiental del proyecto Construcción y Operación del Tratamiento Secundario de la PTAR Cañaveralejo de Santiago de Cali, luego de que la ANLA elevara la consulta tras considerar que la CVC tenía un posible conflicto de intereses por haber contratado estudios del proyecto. Sin embargo, durante el trámite el DAGMA manifestó expresamente que sí era competente para asumir la modificación de la licencia, con fundamento en el Auto 1011 de 2006 del entonces Ministerio de Ambiente, su jurisdicción territorial y el seguimiento ambiental que ejerce desde ese año. En consecuencia, la Sala concluyó que al no existir dos autoridades que rechazaran simultáneamente la competencia, no se configuraba el conflicto previsto en el CPACA y devolvió el expediente a la ANLA.
La UPME informó que la plataforma Wompi está habilitada en el Sistema Único de Usuarios (SUU) para efectuar el pago de la tarifa de evaluación y emisión de certificados para incentivos tributarios de vehículos eléctricos e híbridos, en línea con la Resolución UPME No. 135 de 2025. Los interesados que hayan pagado erróneamente vía PSE sin iniciar la solicitud pueden pedir la devolución, adjuntando: solicitud formal firmada, certificado de existencia/representación legal o cédula, comprobante de pago PSE aprobado, y certificación bancaria activa no mayor a un mes.
La CRA suspendió a partir del 30 de junio de 2026, la actuación administrativa para la adopción de fórmulas tarifarias del servicio de aseo para municipios con más de 5.000 suscriptores. Esta medida se toma conforme al artículo 12 del CPACA, debido a una recusación presentada contra la Experta Comisionada. La suspensión permanecerá vigente hasta que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelva la recusación y su decisión adquiera firmeza, momento en el cual se reiniciará el proceso tarifario. Esta resolución se inscribe en una serie de suspensiones motivadas por diversas recusaciones contra comisionados desde 2025.
La SIC publicó un proyecto que busca ampliar por cuatro años la vigencia de la Resolución 32209 de 2020, que reglamenta el etiquetado y el control metrológico de productos preempacados. Esta prórroga busca asegurar la correspondencia entre la cantidad declarada y la real, previniendo engaños al consumidor. La decisión surge de una evaluación que, si bien reafirma la importancia de la regulación, identificó oportunidades para optimizar su diseño, mejorar requisitos técnicos y armonizarla con estándares internacionales actualizados. Durante este periodo, la SIC realizará un Análisis de Impacto Normativo completo para sustentar una futura modificación de la normativa, buscando fortalecer la protección al consumidor, racionalizar cargas regulatorias y asegurar la estabilidad jurídica en el sector.
El Ministerio de Vivienda se prepara para adoptar el "Plan Director para la Justicia Hídrica en Colombia 2026-2050", una hoja de ruta estratégica para cerrar las brechas históricas y asegurar el derecho fundamental al agua potable y saneamiento básico en todo el país. Esta resolución responde a las profundas desigualdades, evidenciadas por millones de colombianos sin acceso seguro al agua, especialmente en zonas rurales y étnicas. El Plan se fundamenta en el reconocimiento del agua como bien común y derecho humano, integrando el ciclo hidrosocial, el ordenamiento territorial alrededor del agua y una gobernanza multinivel. Sus líneas estratégicas se enfocan en fortalecer la institucionalidad, optimizar la planeación e inversión, y diversificar las formas de gestión. El objetivo es transformar la gestión del sector, adaptándose a desafíos como el cambio climático, para garantizar un acceso equitativo y sostenible para el año 2050.