La ANH busca reducir el derecho económico de participación sobre la producción incremental para operadores de hidrocarburos. Esta iniciativa, avalada por la Resolución 40530 de 2025 del Ministerio de Minas y Energía, pretende incentivar la inversión en proyectos que garanticen un mayor factor de recobro, la incorporación de nuevas reservas y un aumento productivo real por encima de la curva base pactada. Los operadores, previa aprobación y ejecución de sus planes por la ANH, formalizarán el beneficio mediante un otrosí contractual. El objetivo es fortalecer la seguridad energética y las reservas nacionales, en sintonía con la transición energética justa.

La CREG comunicó la ampliación del periodo para recibir comentarios sobre el proyecto de resolución CREG 703 004 de 2026. Esta iniciativa es fundamental, ya que establece los procedimientos para la ejecución de los planes de continuidad del servicio de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Gobernadores, alcaldes, personeros, comités de vocales de control, usuarios del servicio, agentes del sector y demás interesados están convocados a remitir sus observaciones y sugerencias. El nuevo plazo límite para la participación pública es el 18 de junio de 2026, según lo acordado en la Sesión 1467 de la Comisión.

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 0803 de 2012, mediante la cual la ANLA otorgó licencia ambiental a Ecopetrol para desarrollar el proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos APE Magallanes, en Toledo (Norte de Santander), al concluir que la autoridad ambiental omitió realizar la consulta previa con el pueblo indígena U’wa, pese a que el proyecto generaba una afectación directa sobre su territorio de influencia, sus fuentes hídricas y sus estructuras culturales y espirituales. La Sala determinó que el estudio de impacto ambiental desconoció un criterio esencial: la ubicación y relación del Resguardo U’wa con el río Cubugón y la quebrada La China, espacios vinculados a la cosmovisión y prácticas ancestrales de la comunidad. Según el fallo, la ANLA limitó indebidamente el análisis a la delimitación formal del área de influencia y no valoró los impactos culturales, espirituales y ocupacionales del proyecto, lo que vulneró el derecho fundamental a la consulta previa consagrado en el Convenio 169 de la OIT. En consecuencia, el alto tribunal concluyó que la licencia fue expedida con desconocimiento de los derechos de la comunidad indígena y dejó sin efectos el acto administrativo.

La CREG estableció parámetros para la estimación de la tasa de descuento aplicable al servicio público de transporte de combustibles líquidos por poliductos en Colombia. La medida define el código de referencia GICS 551020 y fija el 31 de marzo de 2026 como fecha para la recopilación de información necesaria en el cálculo. Este acto, enmarcado en la regulación de la cadena de distribución de combustibles que incluye refinadores, importadores, almacenadores y transportadores, culmina un proceso que reafirma las facultades de la CREG para regular tarifas y metodologías. La tasa de descuento resultante es del 14,82%, un factor crucial para la remuneración de esta actividad esencial. La decisión busca garantizar la eficiencia y transparencia en la prestación del servicio.

La CREG estableció una nueva metodología para remunerar el transporte de combustibles líquidos por poliducto, resultado de un riguroso proceso técnico y participativo. Este nuevo marco unifica el esquema tarifario para combustibles líquidos y Gas Licuado del Petróleo (GLP), reconociendo la unidad económica del servicio de transporte por ductos. La propuesta se basa en el reconocimiento de inversiones, gastos de operación y mantenimiento, e incorpora mecanismos para la estabilidad y eficiencia, como un factor de utilización normativo. Un cambio fundamental es el traslado del "lleno de línea" al transportador, buscando alinear su titularidad con su rol como insumo indispensable para la operación. Esta medida busca reducir requisitos de liquidez para los remitentes y optimizar la gestión del servicio.