El contexto analizado para la emisión del presente concepto atendió a que algunos usuarios realizan el pago por concepto de evaluación y/o seguimiento ambiental, pero con posterioridad al pago no radican la solicitud de inicio del trámite correspondiente ante la entidad, lo que correspondía a un procedimiento incompleto. Por lo tanto, para la Subdirección Financiera fue necesario aclarar el tiempo en que debe predicarse el desistimiento en un trámite ambiental con el fin de llevar a cabo los procesos de depuración contable correspondientes.

 La Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente concluyó que el Proyecto de Acuerdo No. 477 de 2024 “Por medio del cual se modifican los horarios de circulación de los vehículos de transporte de carga en las zonas de restricción de Bogotá y se dictan otras disposiciones” es jurídicamente inviable, principalmente, entre otros, por los siguientes motivos: El Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 769 de 2002 – atribuye al Alcalde, como máxima autoridad de tránsito en el Distrito Capital, la facultad de expedir las normas relativas a las zonas y horarios para el cargue o descargue de mercancías, así como para limitar o restringir el tránsito de vehículos por determinadas vías o espacios públicos y que actualmente se cuenta con normativa debidamente soportada en estudios técnicos que establece horarios de restricción de circulación para vehículos de carga en Bogotá, así como para la limitación y medición de los impactos ambientales asociados a estos.

De acuerdo con los indicado en el presente concepto de la SDA, y de acuerdo con el POT - Decreto Distrital 555 de 2021- no se encuentra permitida la agricultura urbana y periurbana agroecológica en la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de los cuerpos hídricos naturales, pero la habilita dentro de los usos condicionados en el área de protección o conservación aferente. En lo que se refiere a los cuerpos hídricos artificiales, no establece en detalle los usos compatibles y los condicionados, pero señala que cualquier intervención sobre estos deberá contar con concepto de la autoridad ambiental competente donde se deberá evaluar la función ecosistémica del cuerpo hídrico.

La SDA precisó que en el ordenamiento jurídico “no se ha establecido una oportunidad diferente a la consagrada en el artículo 2536 del Código Civil, para solicitar la devolución de pagos en exceso y, conforme lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de 12 de noviembre de 2003, no podría el alcalde Mayor de Bogotá establecer un término diferente, puesto que rompería el equilibrio de las cargas entre los contribuyentes distritales y los del orden nacional”. Así las cosas, el plazo con que cuenta el particular para solicitar la devolución de saldos a su favor será el establecido para la prescripción de la acción ejecutiva establecido en el artículo 2536 del Código Civil, esto es, cinco (5) años desde que la obligación se hizo exigible, en concordancia con lo dispuesto en el artículo citado.