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Para la Sala, se encuentra demostrado y es un hecho de público conocimiento que el día 9 de enero de 2023 ocurrió un siniestro en el Km 75 de la vía Panamericana, ubicada en el Municipio de Rosas, que produjo su cierre total en el sector y afectó la movilidad del transporte
En este caso, el Despacho advirtió que el demandante expuso como fundamento de la solicitud de suspensión de la Resolución 3437 del 2 de mayo de 2013, proferida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca, que otorgó la licencia ambiental para llevar a cabo la
Para la Sala, no es posible evidenciar que los actos administrativos enjuiciados hubieren autorizado adelantar actividades pre constructivas y constructivas desde y hacia la Subestación Norte en el Municipio de Gachancipá, pues, por el contrario, como se vio, lo que indicó la
En lo que atañe al argumento del recurrente asociado a que existe falsa motivación del acto acusado, en la medida en que el proyecto de infraestructura vial que da lugar a la mencionada declaratoria de utilidad pública e interés social no es viable ambientalmente, la Sala
La Sala explica que el Decreto 1287 de 10 de julio de 2014 contiene los criterios que deben observar todos los prestadores del servicio público de alcantarillado en el componente de tratamiento de aguas residuales municipales como productores del biosólido, sus distribuidores
Se instauró demanda ante tendiente a obtener la nulidad de los numerales 1.1.1, y 3.3, inciso tercero, de la Directiva Presidencial 08 de 17 de septiembre de 2022, sobre “directrices de austeridad hacia un gasto público eficiente”, expedida por el presidente de la República. El
La Alta Corte indicó que Dirección de Consulta del Ministerio del Interior es la llamada a certificar cuáles son las comunidades o grupos étnicos que se verán afectados de forma directa por un proyecto, obra o actividad. En el marco de dicha competencia, y para efectos de
La Sala confirmó el auto proferido el 21 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través del cual decretó de oficio una medida cautelar de urgencia, cuyo litigio giró en torno a determinar cuáles eran los impactos ambientales que estaría generando el
Para la Sala está acreditado en el proceso que la Registraduría, así como las entidades encargadas del registro y expedición de documentos, no cuentan en sus bases de datos con los caracteres del idioma Awapit. También está probado que para llevar a cabo la implementación de
En el presente caso, para la Sala, se presentó un detrimento patrimonial con ocasión de la pérdida de (1.384.738.428 M/cte.) que fueron pagados por la Empresa Ecopetrol S.A. al CONSORCIO URBAPETROL, por concepto de mayores costos por la modificación del