Respecto a las comunidades organizadas, la CRA confirma un tratamiento jurídico diferencial. El reciente Decreto 960 de 2025 establece lineamientos específicos para que los "Gestores comunitarios del agua" reciban estos aportes, garantizando que su valor no se incluya en el cálculo tarifario para los usuarios, permitiendo la recuperación de costos operativos y de mantenimiento.