El reciente comunicado de prensa que contiene la síntesis de la decisión, precisa que la Corte Constitucional se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo sobre los artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 214 de la Ley 1450 de 2011, que atribuyen competencias ambientales a grandes centros urbanos. Esta decisión se basó en la ineptitud sustantiva del cargo de inconstitucionalidad, ya que la demanda no cumplió con los requisitos jurisprudenciales mínimos para un juicio de fondo. La argumentación fue considerada genérica y abstracta, sin confrontar normativamente las disposiciones con el principio de reserva de ley orgánica. Por tanto, no se superó el juicio de admisibilidad y la Corte no analizó la posible cosa juzgada constitucional respecto a una sentencia previa.