El Consejo de Estado determinó que no se configuró la responsabilidad patrimonial del Estado por la destrucción de la maquinaria pesada de la demandante, ya que la actuación de las autoridades se ajustó a las normativas vigentes que obligaban a destruir maquinaria utilizada en actividades de minería ilegal, conforme al Decreto 2235 de 2012. La Sala concluyó que se probó la existencia del daño, pero no se calificó como antijurídico, dado que la operación de destrucción fue una acción lícita en cumplimiento de deberes legales. Además, se verificó la presencia de minería ilegal en el predio donde se encontró la maquinaria, y a pesar de los esfuerzos de la Policía por identificar a los propietarios, no fue posible localizar a Buitrago Mora en el momento de la incautación. Por tanto, se consideró que la actividad de la autoridad estaba justificada y la demandante debía soportar los efectos de la actuación estatal.