“La hoja de ruta elaborada para culminar el proyecto no se ha ejecutado y requiere la intervención de otras autoridades. Es procedente ordenar la conformación de una mesa técnica de trabajo para llevar a cabo las gestiones necesarias para la culminación del proyecto”. Así lo determinó el Consejo de Estado al examinar una demanda que buscaba obtener la protección de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna, vulnerados por la ADR, según la actora.
La Sala concluyó que la ADR no afectó el derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, sino el derecho colectivo al agua potable, debido a que como lo expone la recurrente dentro de los objetivos misionales de la entidad no se encuentra el de la prestación de servicios públicos y, principalmente, porque el objeto de la presente acción se relaciona con la necesidad de acceso al recurso hídrico, que estaría garantizado con la culminación definitiva del megaproyecto del Río Ranchería.
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