El acto administrativo de reclamación al que se refiere la norma para la declaratoria de incumplimiento e imposición de la cláusula penal, es el acto mediante el cual la entidad estatal declara el incumplimiento y ordena tanto al contratista, como al garante, el pago de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato con fundamento en la habilitación otorgada por el artículo 17 de

“Por regla general o principio, aplica la publicación proactiva de la información pública, incluyendo la relacionada en materia contractual, mediante su publicación en el SECOP, en la forma establecida en el numeral 2.1. de este documento. Sin embargo, reiterando una idea recurrente en este concepto, es posible que el constituyente o el legislador establezcan reservas de cierta información pública”.

“La Sala advierte que el laudo sí resolvió los planteamientos del convocado y expresamente los desestimó en la parte resolutiva. El laudo advirtió que las excepciones planteadas por el convocado eran argumentos defensivos y que fueron resueltos con la solución

“la Ley 2069 de 2020 derogó el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019. Lo anterior, porque el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, como se lee en su primer inciso, modificó integralmente el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Por consiguiente, al modificar por completo este numeral sin aludir expresamente a la vigencia de las normas que lo habían modificado en el pasado –siendo una de ellas el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019–, el artículo 30 de la Ley de Emprendimiento derogó dichas normas.”

Entre los criterios para determinar si procede de forma obligatoria la aplicación los documentos tipo de agua potable y saneamiento básico en un proceso contractual, a saber: i) que se trate de una obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, cuyo proceso de selección se adelantará en la modalidad de licitación pública.