El proyecto de decreto establece directrices para la recuperación postdesastre mediante la Estrategia Nacional de Recuperación Resiliente y Adaptada al Cambio Climático con enfoque comunitario. Regula la preparación y ejecución de planes específicos para la rehabilitación, reconstrucción y desarrollo sostenible de áreas afectadas, asegurando la inclusión social y respeto a la diversidad cultural. La recuperación evita reproducir riesgos previos, integrando la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, con coordinación intersectorial y participación comunitaria. Se fundamenta en la Ley 1523 de 2012 y otras normativas para garantizar respuestas armónicas y resilientes frente a desastres, promoviendo el desarrollo territorial seguro.

El Ministerio de Transporte precisa que el contrato de vinculación en el servicio público de transporte terrestre automotor de carga, regulado por el artículo 2.2.1.7.4.4 del Decreto 1079 de 2015, es obligatorio y se rige por normas de derecho privado. Este contrato debe establecer derechos, obligaciones, causales de terminación, preavisos, condiciones para prórrogas automáticas y mecanismos alternativos para solución de conflictos. Además, debe contener los ítems de pagos y cobros con su periodicidad. Aunque no se suscriba este contrato, se entiende que existe una vinculación transitoria cuando la empresa expide un manifiesto de carga para un servicio determinado, haciendo responsable a la empresa por la prestación del servicio. El incumplimiento de esta obligación puede afectar la relación contractual y operativa entre empresa y transportador.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aclaró que, según el Decreto 925 de 2013, no está viabilizada la importación de fuentes móviles terrestres de carretera usadas, pese a que dicho decreto menciona condiciones para ellas. La Resolución 762 de 2022 regula únicamente las fuentes móviles de carretera nuevas y no contempla las usadas. Este criterio fue confirmado por Mincomercio en concepto radicado 2-2025-021547, que ratifica que las restricciones a la importación de vehículos usados responden a normativa vigente y no constituyen barreras técnicas ilegales. Además, el Ministerio fundamenta su regulación en la protección ambiental y el cumplimiento de requisitos técnicos para emisiones, cumpliendo con la jerarquía normativa vigente y garantizando el debido proceso. 

El Consejo de Estado confirmó la sentencia que declaró que Axia Energía S.A.S. E.S.P. incumplió injustificadamente el contrato con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para el suministro de energía y potencia entre 2021 y 2022. Axia no inició el suministro acordado a partir de enero de 2021, alegando fuerza mayor por variaciones en precios, argumento desestimado porque dichos eventos eran previsibles y no imposibilitaron el cumplimiento. Además, Axia no siguió el procedimiento contractual para notificar y tramitar la fuerza mayor. El tribunal rechazó excepciones de caducidad y prescripción planteadas por Axia y confirmó que la demanda de EPM fue oportuna. En consecuencia, condenó a Axia a pagar una cláusula penal equivalente a más de $12.362 millones como indemnización anticipada por los perjuicios causados, según lo pactado en el contrato.

El Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de la nueva Ley Minera para la Transición Energética Justa y la Reindustrialización Nacional, que busca transformar la política minera del país. La propuesta fortalece la soberanía estatal sobre los minerales, promueve una minería planificada, sostenible y socialmente justa, y fomenta la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala con asistencia técnica, financiera y jurídica. Además, establece reglas claras y transparentes en la contratación minera, prohíbe sustancias tóxicas como el mercurio y vincula la minería con el desarrollo productivo, incluyendo encadenamientos industriales para la transición energética. Protege derechos, el ambiente y reconoce la importancia del agua y la agricultura en los territorios, invitando a la ciudadanía a participar activamente en el debate legislativo para consolidar una minería al servicio del bienestar colectivo