La Entidad aclaró que los recursos no comprometidos de las Asignaciones Directas del Sistema General de Regalías (SGR) entre 2012 y 2020, bajo la Ley 1530 de 2012, no se transfieren automáticamente como asignaciones directas bajo la Ley 2056 de 2020, salvo los del bienio 2019-2020. Las entidades territoriales siguen siendo responsables de destinar estos recursos a proyectos con enfoque diferencial para comunidades étnicas, conforme a la normativa vigente. La Ley 2056 introdujo un nuevo ciclo para estos proyectos, otorgando a las comunidades étnicas la responsabilidad de viabilizar, priorizar y aprobar los recursos.

El proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía tiene como objetivo establecer los requisitos y lineamientos técnicos para la aprobación y uso obligatorio de aditivos y bío-aditivos detergentes y dispersantes en la gasolina motor distribuida en Colombia. Busca garantizar la calidad, eficacia y compatibilidad de estos productos mediante pruebas estandarizadas que aseguren la limpieza del sistema de admisión y la reducción de emisiones contaminantes. Además, fortalece el control y vigilancia técnica, conservando la trazabilidad de la información reportada por productores y distribuidores mayoristas. También promueve la protección ambiental, la salud pública, la innovación tecnológica y la adopción de buenas prácticas internacionales, asegurando condiciones jurídicas claras y un adecuado funcionamiento del mercado de combustibles en el país.

El Gobierno estableció un contingente anual de 40.062 toneladas para la exportación de desperdicios y desechos de chatarra de hierro y acero, con el fin de evitar la escasez de este insumo clave para la industria nacional. La medida, vigente por dos años a partir de su publicación, busca controlar el volumen exportado tras detectar que la producción interna no satisface la demanda del sector siderúrgico. La administración del contingente estará a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que verificará que los exportadores no tengan deudas pendientes con la DIAN. Además, se contempla una revisión anual del cupo para ajustarlo según la evolución del mercado, garantizando así la protección del abastecimiento interno sin afectar las exportaciones autorizadas anteriormente.

Con esta nueva norma se establecen condiciones especiales para autorizar y ejecutar intervenciones en viviendas objeto de subsidio familiar en modalidades de mejoramiento, vivienda progresiva o construcción en sitio propio. Su objetivo principal es facilitar la realización de estas intervenciones sin requerir licencia de construcción, siempre que se garantice el cumplimiento de normas urbanísticas y sismo-resistentes vigentes. Busca agilizar y certificar la ejecución de obras que mejoren la habitabilidad, promoviendo transparencia y capacitación a entidades otorgantes. Además, fomenta la coordinación entre Nación, entidades territoriales y cajas de compensación para mejorar el acceso a vivienda digna y asegurar la calidad técnica en las intervenciones subvencionadas.

El Ministerio de Ambiente concluye que la construcción de un reservorio de agua en una zona declarada como reserva forestal requiere licencia ambiental, siempre que la actividad sea compatible con los usos permitidos para esa área protegida. Esta autorización es indispensable para controlar los posibles impactos ambientales, conforme a la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, que regulan la protección de los recursos naturales renovables y el manejo del ambiente. La licencia ambiental garantiza el cumplimiento de medidas de prevención, mitigación y corrección ante impactos negativos, reafirmando el deber estatal.