A través del acto administrativo, la AUNAP adopta las medidas de conservación sobre poblaciones de Túnidos y especies afines en el Océano Pacífico Oriental - OPO, por parte de embarcaciones atuneras de cerco de bandera nacional y embarcaciones atuneras de cerco de bandera extranjera vinculadas a permisos de pesca otorgados a empresas colombianas, para el año 2020.
La Corte Constitucional declara exequible el Decreto 486 del 27 de marzo de 2020 “Por el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. La Sala concluyó que el decreto tiene como objeto mitigar impactos económicos que
La Corte constitucional avoca conocimiento de la Resolución No. 000714 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en desarrollo del ciclo de vacunación antiaftosa. Lo anterior teniendo en cuenta que la Sala es competente para ejercer el control inmediato de legalidad de los decretos o normas reglamentarias que se expiden al amparo de los estados de excepción,
El Consejo de Estado no avoca conocimiento, en vía del control inmediato de legalidad de la CIRCULAR 038 de 28 de abril de 2020 de la Agencia de Desarrollo Rural que tiene que ver con la aprobación de la modificación del Plan Anual de Auditoría a fin de realizar seguimiento a los resultados de las actividades de teletrabajo y/o trabajo en casa, a la contratación y destinación de recursos y observancia implementación y cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional con ocasión de la
“El Consejo de Estado ratificó la validez del fallo que concluyó que autoridades agrícolas como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) no tienen el deber de reparar a los palmicultores de Tumaco (Nariño) que demandaron ser resarcidos económicamente por el brote de enfermedad de pudrimiento de cogollo que sufrieron sus cultivos de palma de aceite en el 2008”.