A pesar del potencial del sector agropecuario, que representa el 6% del PIB y genera más de 4 millones de empleos, persisten brechas significativas entre las áreas rurales y urbanas, con una alta incidencia de pobreza en las zonas rurales. Así lo establece este documento sometido a consideración del Conpes. El proyecto se alinea con los principios del Acuerdo de Paz y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, enfocándose en la transformación del campo colombiano y la mejora de la seguridad alimentaria. Se propone un enfoque inclusivo e integrado, apoyando tanto actividades agropecuarias como no agropecuarias, y promoviendo prácticas agroecológicas. La evaluación económica del proyecto es considerada robusta, lo que sugiere que la inversión en este ámbito es una decisión acertada para el desarrollo rural sostenible en el país.

Este proyecto de norma busca reconocer y proteger los derechos del campesinado, garantizando su relación con la tierra y su papel fundamental en la producción de alimentos para asegurar la soberanía alimentaria. El documento aborda la implementación de una política pública de Agroecología en Colombia. Se identifican varias razones para la necesidad de esta política, incluyendo las externalidades negativas de la agricultura convencional y la falta de apoyo estatal. La resolución busca fomentar la transición hacia modelos de producción sostenibles, ofreciendo incentivos y apoyos directos a jóvenes campesinos y productores agropecuarios. Además, se hace énfasis en la importancia de la educación rural y la investigación en agroecología. El documento también menciona la obligación del Estado de promover la agroecología, en línea con acuerdos previos y políticas nacionales, y resalta la necesidad de una reconversión hacia sistemas agroalimentarios sustentables que aborden desafíos sociales, económicos y ambientales actuales.

Mediante este proyecto de norma, la CAR presentó proyecto de acuerdo que establece metas de carga contaminante para la cuenca del Río Bogotá, aplicable entre 2025 y 2029. Este plan busca regular la contaminación mediante la fijación de parámetros como la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST). La CAR ha llevado a cabo jornadas de socialización para informar a los usuarios sobre el proceso y fomentar su participación. Además, se ha definido una línea base de carga contaminante, lo que permitirá un seguimiento efectivo de los avances. Los interesados tienen un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario para presentar comentarios. Con estas acciones, la CAR espera mejorar la calidad del agua y proteger los ecosistemas locales. Descargue los textos: Proyecto de norma / Anexo 1 /Anexo 2 /Anexo 3 /Anexo 4 /Anexo 5 /Anexo 6 /Anexo 7

Se trata del fallo a través del cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de ciertas normas contenidas en el artículo 61 de la Ley 2294 de 2023, específicamente por violaciones al principio de unidad de materia y al derecho a la consulta previa. En este contexto, se argumentó que las disposiciones relacionadas con los procedimientos de la autoridad de tierras no guardaban una conexión directa e inmediata con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, lo que contraviene el principio de unidad de materia. Además, se destacó que la falta de consulta previa en la implementación de estas normas afectaba los derechos de las comunidades involucradas, lo que llevó a la Corte a considerar que estas cuestiones debían ser resueltas en una fase adecuada y con la participación de los afectados.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) implementó una nueva estructura tarifaria para optimizar sus servicios agropecuarios, basada en un análisis exhaustivo de costos. Esta reforma incluyó la creación de tarifas para 66 servicios que anteriormente no tenían costo y ajustes en tarifas existentes, con un incremento máximo del 10%. La metodología de cálculo de costos se estandarizó para garantizar transparencia y equidad en la fijación de precios. Además, se realizó un proceso de consulta ciudadana que permitió a los usuarios expresar sus inquietudes y sugerencias. Esta iniciativa busca mejorar la sostenibilidad y eficiencia de los servicios, y el sector agropecuario recibirá atención de calidad a precios justos. Colombia reafirma su compromiso con un desarrollo inclusivo y sostenible en la CEPAL y subraya la urgencia de reformar la arquitectura financiera internacional y la necesidad de acciones concretas para enfrentar el cambio climático y la inequidad económica.