El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de decreto que reglamenta la inversión privada en vivienda de interés social y prioritaria rural, dando cumplimiento al artículo 25 de la Ley 2079 de 2021 y una reciente orden judicial. La iniciativa busca asegurar el derecho a una vivienda digna para los hogares de menores ingresos en el campo, permitiendo que proyectos de vivienda rural sean financiados a través de mecanismos como "obras por impuestos", "obras por regalías" y donaciones. El Ministerio definirá las condiciones operativas, criterios de sostenibilidad y participación comunitaria, asegurando la adecuada destinación de los recursos y el control sobre estas inversiones para impulsar el desarrollo habitacional en las zonas más necesitadas del país.

La iniciativa publicada por el ministerio de Trabajo exigirá que todas las inversiones y programas ejecutados en el territorio, tanto del sector público como privado, contraten como mínimo el 50% de mano de obra local. El objetivo es fomentar la economía territorial, garantizar el derecho al trabajo y promover la participación activa de las comunidades en sus proyectos. Se establecería un proceso de priorización, comenzando por los residentes del área de influencia del proyecto, luego municipios colindantes, el departamento y, si es necesario, el resto del territorio nacional. Se priorizará a personas con barreras para la inserción laboral y se consideran reglas específicas para situaciones de emergencia, reforestación o forestación. Las empresas deberán registrar sus vacantes y reportar semestralmente el cumplimiento de esta obligación, garantizando que la mano de obra calificada y no calificada provenga de la región donde se ejecute la inversión o programa.

La Cancillería publicó un proyecto de decreto para revitalizar su política antártica, subrogando y adicionando la normativa existente. La iniciativa busca fortalecer la gobernanza interinstitucional del Estado en los asuntos del Continente Blanco, consolidando la Comisión Nacional para Asuntos Antárticos. Este paso tiene como propósito principal intensificar la investigación científica, promover la cooperación internacional y asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado Antártico. La nación aspira a una mayor incidencia en las decisiones globales sobre la Antártida, con miras a alcanzar la condición de Miembro Consultivo, reconociendo la relevancia ambiental y geopolítica de la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores jugará un papel central en la coordinación de estos esfuerzos nacionales e internacionales.

El Consejo de Estado analizó la validez de la liquidación unilateral en contratos sometidos al derecho privado en un litigio entre Otransa S.A. y Ecopetrol. El caso surgió por la terminación anticipada de un contrato de transporte y la posterior liquidación realizada unilateralmente por la empresa estatal, la cual fue cuestionada por el contratista por presunto abuso y perjuicios económicos. La Sala precisó que, al tratarse de un contrato regido por derecho privado, las facultades unilaterales —como la terminación y la liquidación— tienen origen convencional y no constituyen actos administrativos, sino actos jurídicos derivados de la autonomía de la voluntad. En ese sentido, no procede su control mediante nulidad administrativa, sino bajo reglas de responsabilidad contractual, evaluando si hubo abuso del derecho o incumplimiento.

El Ministerio de Minas publicó un proyecto de decreto que reglamenta el numeral 2 del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023. Esta iniciativa busca eximir a los gestores comunitarios del agua y saneamiento básico de la contribución de solidaridad en el servicio de energía eléctrica. El beneficio aplicará a inmuebles dedicados exclusivamente a la operación de sistemas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y urbanas. Los gestores deberán presentar ante los comercializadores de energía su solicitud, pruebas de existencia legal y una certificación que acredite el uso exclusivo de la energía para estas operaciones. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía se encargarán del control y seguimiento, exigiendo una actualización anual para mantener el beneficio.