De ahí que el organismo de vigilancia le hubiera solicitado a Davivienda enviar información respecto a las transacciones realizadas por los tarjetahabientes entre el 2005 y el 2006. Como la entidad bancaria se negó a hacerlo, por considerar que estos datos no hacían parte de los compromisos asumidos por Credibanco y Redeban para finalizar la investigación, la SIC le impuso la sanción. El Consejo de Estado, que conoció del recurso, ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declaró legal la sanción de más de 200 millones de pesos
