Para la Sala, Con fundamento en que el estudio de la solicitud no procede respecto del cargo de la violación del derecho al trabajo, dado que el demandante no acreditó la vulneración de dichas normas superiores], tampoco es procedente decretar la segunda medida cautelar solicitada, consistente en que se ordene al Ministerio de Defensa que contrate el servicio de los peritos marítimos de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 28 del Reglamento 0004 DIMAR-94, dado que no se probó, siquiera de manera sumaria, que muchas personas se quedaron sin trabajo como consecuencia de los actos acusados y esas personas no se encuentran identificadas e individualizadas, así como tampoco forman parte de este proceso judicial.
