El Consejo de Estado concluyó que los argumentos planteados por la sociedad demandante no evidencian una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Señaló que las presuntas irregularidades en la identificación del inmueble y la alegada vulneración de normas requieren examinar aspectos fácticos y técnicos, así como el desarrollo del propio proceso de cobro coactivo. Este análisis probatorio y jurídico excede el alcance de la medida cautelar y, por tanto, debe realizarse en el marco de la sentencia que resuelva de fondo la controversia.

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