La fórmula tarifaria puede incluir cargos variables por consumo y cargos fijos que reflejan costos económicos, definidos según el régimen tarifario vigente. Legalmente, el régimen de libertad regulada otorga a la CRA la facultad de fijar criterios y metodologías para determinar precios máximos; mientras que en el régimen de libertad vigilada, los prestadores fijan tarifas autónomas para medianos y pequeños consumidores, informando a la CRA. Respecto a la competencia de la CRA para imponer obligaciones de calcular y administrar provisiones por diferencias entre inversiones planeadas y ejecutadas del POIR a prestadores excluidos de la Resolución CRA 688 de 2014, la CRA no tiene dicha función. Esto se debe a que, bajo el principio de autonomía de las partes, dicha determinación debe ser acordada libremente en los contratos entre las entidades territoriales y los prestadores, sin intervención directa de la CRA en estos aspectos contractuales.