La SIC precisó que el proyecto de resolución que regula el acceso a la información de consumidores de cigarrillos, productos de tabaco y sus dispositivos no genera efectos adversos directos y significativos sobre la libre competencia económica, dado que los costos de implementación se compensan con beneficios en protección y bienestar del consumidor. Recomienda que la intervención estatal cumpla criterios constitucionales de legitimidad, adecuación y proporcionalidad. Resalta la legitimidad del proyecto por buscar garantizar información clara, veraz y oportuna, proteger derechos de los consumidores y cumplir el mandato legal de la Ley 2354 de 2024. Además, se enfatiza la obligación de informar adecuadamente en ventas electrónicas y la entrada en vigencia tras seis meses de su publicación.