Luego de revisar la situación de hacinamiento carcelario y las obligaciones que tienen las entidades demandadas para garantizar los servicios de salud a las personas recluidas en los centros carcelarios, se logró establecer que los derechos fundamentales invocados por el demandante fueron vulnerados por la USPEC y el Fondo de Atención en Salud PPL, al no garantizarle una adecuada prestación del servicio de salud al interior de su sitio de reclusión.
Consejo de Estado: “se vulneran los derechos fundamentales a la vida y la salud de las personas privadas de la libertad, cuando no se presta, en debida forma, el servicio de salud en los centros carcelarios, para mitigar el contagio por COVID-19”
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“Una persona privada de la libertad formuló acción de tutela contra el INPEC y otras entidades, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida y la salud, en razón a que no cuenta con los medicamentos suficientes y el acompañamiento médico para afrontar los padecimientos crónicos que tiene, lo que podría ocasionarle un mayor riesgo de contagio de la COVID 19.
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