El concepto de abogacía de la competencia emitido por la SIC aborda la regulación de medidores de agua potable para uso residencial, obligando a los prestadores de servicios públicos domiciliarios a adoptar dispositivos que cumplan con requisitos técnicos y metrológicos específicos. El proyecto de resolución busca asegurar que los medidores sean precisos y confiables, fundamental para el correcto facturamiento del servicio y la protección de los consumidores.
Se establece un periodo de transición de 12 meses para que los prestadores se ajusten a esta nueva normativa, que contempla condiciones de comercialización y cumplimiento que podrían impactar la competencia en el mercado. Aunque el objetivo es mejorar la calidad del servicio y promover un uso eficiente del agua, se reconoce que la implementación de estos requisitos también podría representar riesgos para la libre competencia, como posibles barreras de entrada.
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