La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional reveló que persisten prácticas inconstitucionales y bloqueos institucionales en las entidades responsables de garantizar los derechos al agua, la alimentación, la salud y la participación de la niñez Wayuu. A pesar de algunos avances, se identificaron serias debilidades en el cumplimiento de los estándares establecidos, lo que afecta la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios y la selección de contratistas.