La CRA indica que la legalidad de la construcción de viviendas sin la presentación del proyecto de la PETAR y los estudios requeridos ante la Autoridad Ambiental depende de la normativa vigente y de las competencias de las entidades involucradas. La responsabilidad de supervisar y regular estas actividades recae en las autoridades locales, como el Concejo Municipal y la Personería Municipal, quienes deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales y ambientales.