El Consejo de Estado explicó que la liquidación de contratos por mutuo acuerdo entre las partes implica un consenso sobre los datos y circunstancias allí establecidos. Esta liquidación tiene como objetivo extinguir obligaciones, no crear nuevas relaciones jurídicas. Es obligatorio para las partes, excepto si se alega y se prueba un vicio del consentimiento, como error, fuerza o dolo. Solo se puede controvertir el contenido del acuerdo en dos casos: primero, si hay salvedades expresas que se documentaron al momento de la liquidación; segundo, en situaciones donde se pueda probar un vicio en el consentimiento.