Esta iniciativa establece un marco normativo para la infraestructura de datos del Estado (IDEC) y la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades públicas. Su objetivo principal es mejorar el suministro, intercambio y aprovechamiento de datos, promoviendo una gestión pública más eficiente y transparente. La ley propone un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para quienes ocupen cargos relacionados con datos y tecnología, buscando prevenir conflictos de interés y garantizar decisiones imparciales en beneficio del interés general.
La Agencia Nacional de Gobierno Digital (AND) será la encargada de operar la gestión de datos maestros y de referencia, asegurando el cumplimiento de metodologías adecuadas. Además, se evaluará el impacto del tratamiento de datos, incluyendo descripciones detalladas de las operaciones a realizar. Este marco se enmarca en un contexto más amplio de transformación digital, impulsado por el Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID), que busca consolidar un sector público basado en datos y fomentar la innovación a través de modelos como Data Trust y Data Marketplace.
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