“La Corte ha establecido que es obligación de las autoridades locales mantener completa y actualizada la información de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes y adoptar las medidas necesarias para lograr la reubicación de las personas que habiten en zonas en las que las condiciones del terreno amenacen sus derechos”- agrega la síntesis del comunicado
Así mismo, la Sala analizó temática relacionada con los deberes de prevención de desastres y reubicación a cargo de las autoridades locales y el deber del Idiger de elaborar concepto técnico en el cual recomiende el reasentamiento de hogares. Finalmente, concede el amparo invocado e imparte una serie de órdenes para hacer efectivo el goce de las garantías constitucionales tuteladas.
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