El concepto añade que “resulta claro que la suma liquida de dinero a recuperar a través del Proceso Fiscal de Cobro Coactivo (PFC), corresponde al valor probado del detrimento patrimonial del Estado o de la perdida, daño o deterioro (por causas distintas al desgaste natural) de bienes públicos y, por tanto, tiene el carácter de dineros o recursos públicos que se deben recuperar de manera total y no parcial. A la vez, se encuentra que las contralorías no pueden renunciar a su cobro total pues ello implicaría renunciar al cobro de un patrimonio público, Maxime se trata de recursos públicos con carácter de imprescriptibles”.

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