La ANM precisó que, que una eventual modificación de una o varias disposiciones contractuales de los contratos en virtud de aporte, deberá desprenderse para cada caso en concreto y ser evaluada, por el área misional encargada, teniendo en cuenta aspectos técnicos, legales,
ambientales, sociales, económicos, sus costos, riesgos, ventajas y, en general, sus pros y contras respecto de la posición más favorable para el Estado e interés público; esto de conformidad con los lineamientos establecidos por la jurisprudencia en la materia y la normatividad aplicable.
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