ejercicio de funciones públicas que le fue impuesta. Esto, habida cuenta de que no había sido servidor público ni había desempeñado funciones públicas y, además, por cuanto un juez de ejecución de penas declaró la prescripción de esa pena”.
“El pronunciamiento fue hecho al estudiar la tutela que presentó un ciudadano, quien le pidió a la Procuraduría General de la Nación eliminar de su registro la inhabilidad para desempeñar cargos públicos derivada de la condena a seis años de prisión y de la prohibición para el
ejercicio de funciones públicas que le fue impuesta. Esto, habida cuenta de que no había sido servidor público ni había desempeñado funciones públicas y, además, por cuanto un juez de ejecución de penas declaró la prescripción de esa pena”.