El Ministerio de las Culturas publicó proyecto de norma para incluir un representante de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Consejo Nacional de Cultura, cumpliendo el artículo 356 de la Ley 2294 de 2023 y los acuerdos de consulta previa NT2-65 y NT2-66. Esta medida fortalece la participación y representación de estos pueblos en espacios y procesos culturales a nivel nacional y territorial, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La elección del representante será definida por la Comisión IV del Espacio Nacional de Consulta Previa, respetando los principios de autonomía y autodeterminación. La resolución busca garantizar el acceso y la visibilidad de estas comunidades en las políticas culturales, promoviendo su gobierno propio y participación activa.

La Agenda Regulatoria 2026 del Departamento Nacional de Planeación articula un conjunto de proyectos normativos clave para el país, encaminados a actualizar, modificar o derogar regulaciones obsoletas, adaptándose a evoluciones tecnológicas y necesidades sociales. Destacan iniciativas como la política de calidad acústica, regulaciones para ciudades verdes y resilientes, y ajustes a avalúos catastrales. La participación interinstitucional es fundamental, integrando ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura, Transporte, y otros sectores estratégicos. Además, se contempla un proceso de consulta pública abierto para garantizar la transparencia y la inclusión ciudadana, con el fin de fortalecer el marco normativo y mejorar la gestión pública. Esta agenda reafirma el compromiso con la modernización y sostenibilidad normativa en Colombia.

El proyecto del Tren de Zipaquirá busca mejorar la conectividad regional entre Bogotá y la provincia Sabana Centro, enfrentando problemas actuales como la congestión, alta siniestralidad vial y contaminación ambiental. Con una inversión pública significativa, el sistema combinará alta capacidad y eficiencia operativa, financiado mediante recursos públicos y tarifas al usuario. El estudio ambiental señala impactos manejables, con desafíos técnicos en suelos blandos. Se estima una reducción significativa en los tiempos de desplazamiento, ahorros en costos operativos y beneficios por valorización urbana. Además, se prioriza la inclusión social y la accesibilidad para grupos vulnerables. Esta iniciativa plantea un avance importante en movilidad sostenible y desarrollo urbano regional.

El Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal de Cundinamarca que había rechazado una demanda contra la licencia urbanística otorgada al proyecto Parcelación Campestre Reserva La Castellana en Villavicencio. La Curaduría Urbana Primerademandó el acto al considerar que fue expedido sin verificar la disponibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, y sin las autorizaciones ambientales requeridas, lo que podía afectar los recursos naturales. El alto tribunal concluyó que el fallo de primera instancia se inhibió injustificadamente y precisó que la acción de nulidad simple sí procedía, ya que la demanda buscaba proteger el orden jurídico y el interés colectivo, no un beneficio personal. Por ello, ordenó devolver el expediente al Tribunal del Meta para que emita un fallo de fondo.

El Ministerio de Transporte aclaró que en los controles de tránsito se verifica que los vehículos circulen con el combustible registrado en el RUNT, y en el caso de vehículos convertidos a Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV), se constata que la conversión esté debidamente registrada en el RUNT, sin que los agentes de tránsito deban revisar la certificación técnica en el sistema SICOM. La falta de trámite de conversión genera comparendo según el Código de Infracción C-35. Para la revisión técnico-mecánica, el propietario debe presentar el certificado de instalación del sistema GNCV. La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad competente para supervisar la certificación y cumplimiento de requisitos técnicos. Las sanciones por incumplimientos corresponden a las normas de tránsito vigentes, orientadas a garantizar la seguridad vial y la legalidad en el uso de combustibles alternativos.