A través de una circular dirigida a los intermediarios financieros, FINAGRO informó que se destinaron nuevos recursos presupuestales para cubrir el subsidio a la tasa de intereses a favor de los productores agropecuarios.

La Corte Constitucional estableció que al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, Corte declara improcedente tutela contra la Defensoría del Pueblo por la no de inclusión de beneficiarios de la indemnización ordenada dentro de una acción de grupo formulada por hechos relacionados con el desplazamiento forzado a raíz de la incursión violenta en la zona de las Farc.

El proyecto de resolución buscaría establecer los requisitos para el registro, autorización y competencias de los departamentos técnicos para la ejecución de ensayos de eficacia de insumos agrícolas, a fin de prevenir el registro de productos con un bajo grado de certeza científica sobre su acción de control, derivando en el peor de los casos que el agricultor no incurra en sobrecostos en su proceso productivo debido a la baja o total ineficacia del insumo registrado.

Se ordena la creación de los siguientes empleos: en el despacho general, 4 asesores expertos de grado 8, 2 asesores expertos de grado 6, 9 asesores expertos de grado 5, 2 asesores expertos de grado 5 y un técnico asistencial grado 12.

El Consejo de Estado negó el recurso de revisión mediante el cual una ciudadana pretendía ser reparada por los desplazamientos forzados que sufrieron las familias que ocuparon terrenos ubicados en la llamada hacienda La Bellacruz, en inmediaciones de los municipios de Pelaya, La Gloria y Talameuqe (Cesar), entre 1989 y 1996. El lugar había sido escenario del conflicto entre los campesinos y una familia que pretendía obtener el reconocimiento de la propiedad sobre las 250.000 hectáreas del predio,