El Ministerio de Ambiente ha propuesto adoptar los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) requerido para tramitar la licencia ambiental en proyectos de generación de energía eólica costa afuera. Esta medida responde a las disposiciones constitucionales y legales que buscan garantizar el desarrollo sostenible y la protección ambiental. La resolución establece lineamientos específicos y complementarios para estos proyectos, excluyendo la obligación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas y enfatizando la necesidad de incorporar información adicional pertinente. Además, regula la transición para proyectos en trámite y reafirma que la presentación del EIA no asegura la obtención de la licencia, quedando abierta la potestad de requerir información adicional para evaluación.

La Superintendencia de Transporte modificó el capítulo 10 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte para fortalecer los programas de transparencia y ética empresarial entre las entidades vigiladas. La resolución establece criterios claros sobre la responsabilidad del cumplimiento, ampliando la figura del oficial de cumplimiento a responsables internos para microempresas y definiendo requisitos mínimos para estos cargos. Se amplía el periodo de transición hasta agosto de 2026 para una mejor evaluación de riesgos de corrupción y soborno transnacional. Además, obliga a reportar actos ilícitos a la Secretaría de Transparencia, UIAF y Superintendencia de Sociedades. La norma refuerza la rendición de cuentas y la publicación de información básica y de interés para usuarios y contraparte, promoviendo prácticas éticas y mecanismos de control internos alineados con estándares internacionales

El DNP impartió directrices para la migración y operación en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Este cambio, a realizarse antes del 30 de junio de 2026, unificará los sistemas actuales, mejorando la trazabilidad y calidad de la información. Se instruye a las entidades territoriales y demás actores a depurar y actualizar la información en las plataformas MGA Web y SUIFP-SGR. La migración de proyectos será automática y gradual en junio y la PIIP comenzará a operar desde el 1º de julio de 2026. Además, se disponen mecanismos de soporte técnico, capacitación y reporte para asegurar una transición efectiva y garantizar la continuidad en la gestión de la inversión pública.

El DNP emitió una circular que fija nuevas orientaciones para que los ministerios y entidades del sector público reporten semanalmente el avance de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES). En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 05 de 2024, se enfatiza en la importancia del seguimiento de los procesos contractuales y la coherencia entre compromisos y flujos financieros para garantizar una ejecución eficiente. El DNP enviará cada jueves reportes consolidados sobre presupuesto, regionalización y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, solicitando a los ministerios llenar un formato estándar antes del lunes siguiente. Además, se habilita un espacio para alertas y logros, mientras que la Subdirección General de Prospectiva acompañará técnicamente la implementación. Esta circular, vigente desde su publicación, deroga disposiciones anteriores para un mejor control y evaluación de los programas gubernamentales.

La CAR reguló las autorizaciones y permisos para la tala y/o poda de árboles en condición de riesgo inminente en su jurisdicción. Esta norma busca garantizar la protección ambiental y la seguridad de personas, bienes e infraestructura, aplicando principios de gestión del riesgo. Se establece un procedimiento técnico prioritario para evaluar y actuar en situaciones de riesgo, diferenciando estas intervenciones de los aprovechamientos forestales con fines comerciales. La resolución prohíbe la movilización y comercialización de la madera resultante y ordena seguimiento estricto a las autorizaciones, promoviendo acciones inmediatas para prevenir daños y salvaguardar derechos fundamentales