Proyectos de Norma (36)
El Ministerio de Trabajo de publicó un decreto que modifica artículos del Decreto 1072 de 2015 para introducir la consignación mensual anticipada del auxilio de cesantías y la mensualización del pago de intereses. Estas disposiciones, amparadas en la Ley 2466 de 2025, permiten a los empleadores realizar consignaciones mensuales del 8.33% sobre el salario más auxilio de transporte, y pagar intereses mensuales equivalentes al 1% del salario base, facilitando la formalización laboral y mejorando la trazabilidad de pagos. El mecanismo se efectuará exclusivamente a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), garantizando control y registro adecuados. La consolidación anual del auxilio de cesantías se mantiene y la modalidad de consignación anticipada es voluntaria, garantizando los derechos de los trabajadores. Esta reforma busca simplificar la gestión de obligaciones laborales y promover un mejor cumplimiento por parte de empleadores y administradoras de fondos.
El Ministerio del Trabajo busca crear el Programa de Empleo Nocturno (PEN), orientado a fomentar la formalización laboral en actividades económicas que operan entre las 7 p.m. y las 6 a.m. El programa busca articular acciones de formalización, formación y colocación de trabajadores mediante el Servicio Público de Empleo, garantizando derechos laborales sin modificar el régimen vigente. Se establece un esquema de gobernanza multinivel que respeta la autonomía territorial, priorizando sectores como hotelería, agricultura y transporte. Además, se habilita el acceso a créditos para microempresas que acrediten formalización y pago de seguridad social. El decreto prevé instrumentos técnicos, pilotos territoriales, y un sello de reconocimiento para empleadores que cumplan con estándares laborales y de seguridad.
El Ministerio de Trabajo propone reglamentar la Ley 2365 de 2024, enfocándose en establecer lineamientos claros para prevenir, atender, proteger y reparar a las víctimas de acoso sexual en contextos laborales y educativos. La norma garantiza el respeto a derechos fundamentales como igualdad, dignidad y no revictimización, e impone a empleadores públicos y privados la obligación de implementar protocolos efectivos de denuncia, investigación y sanción. El decreto destaca el rol de las Administradoras de Riesgos Laborales en prevención y apoyo psicológico, así como la coordinación con entidades judiciales y educativas para ambientes seguros. Se prevén campañas de sensibilización y un seguimiento constante para garantizar ambientes laborales y educativos libres de acoso sexual.
El Ministerio de Trabajo busca reglamentar la Ley 2466 de 2025 y otras normas sobre acoso laboral, violencia basada en género y discriminación en el ámbito laboral. Dentro de sus objetivos está garantizar ambientes de trabajo dignos y libres de violencia mediante políticas de prevención, protocolos de atención y sanción, con enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad. Establece la obligación de empleadores públicos y privados de implementar medidas de protección, como ajustes en turnos o espacios de trabajo y garantizar la no revictimización. La inspección del trabajo supervisará el cumplimiento y podrá imponer sanciones proporcionales a la gravedad de las conductas. Este decreto fortalece la protección integral para todas las personas en el mundo laboral, promoviendo la igualdad y el respeto a la dignidad humana.
El Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de decreto que busca blindar el empleo en los municipios con proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. La normativa, que modifica el Decreto 1072 de 2015, exige que el 100% de la mano de obra no calificada y al menos el 50% de la calificada provengan de la zona de influencia de los proyectos. Si no se encuentran perfiles locales, la búsqueda se extenderá a municipios vecinos y luego a nivel departamental. El Servicio Público de Empleo será el canal principal para la gestión de vacantes, con obligaciones de reporte semestral para operadores y contratistas, y estrictos mecanismos de inspección, vigilancia y control para asegurar la inserción laboral digna de las comunidades impactadas.
El Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de resolución para actualizar y unificar las condiciones de los Acuerdos de Formalización Laboral, derogando así las Resoluciones 321 de 2013 y 5084 de 2015. Esta medida busca fortalecer la promoción del empleo formal con vocación de permanencia, en línea con los principios constitucionales de trabajo digno y la Ley 2466 de 2025, que prioriza la vinculación mediante contrato a término indefinido. La nueva ruta establece cuatro fases claras: promoción, suscripción del acuerdo, vigencia y seguimiento, y cierre. Los Acuerdos de Formalización Laboral, suscritos por empleadores públicos y privados, exigen compromisos de mejora en la vinculación del personal, prevención de la intermediación o tercerización ilegal, y el fomento de espacios de fortalecimiento sindical. El incumplimiento de estos acuerdos dará lugar a procedimientos sancionatorios. La iniciativa pone especial énfasis en la formalización de grupos vulnerables.
El Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de decreto para adicionar el Decreto 1072 de 2015, con el fin de reglamentar el procedimiento y criterios para la aplicación de medidas preventivas por parte de las autoridades de inspección. La iniciativa busca robustecer la protección efectiva de derechos humanos y laborales, combatiendo la violencia, el acoso y la discriminación en el ámbito laboral. Estas medidas, que incluyen la suspensión de actividades riesgosas, la reubicación de personal o el alejamiento de presuntos agresores, serán de aplicación inmediata y temporal para evitar perjuicios irremediables, sin sustituir procesos sancionatorios. Su incumplimiento acarreará multas sucesivas.
El Ministerio del Trabajo de Colombia ha publicó un proyecto de resolución crucial para reglamentar el Beneficio Crea Empleo, un aporte estatal diseñado para impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo formales. La iniciativa, fundamentada en el artículo 35 de la Ley 2466 de 2025, establece procedimientos claros para el desistimiento, restitución, devolución y compensación de los recursos públicos. Su objetivo es fomentar la contratación de mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años, otorgando hasta el 25% de un salario mínimo mensual por cada nuevo empleo elegible, priorizando a micro y pequeñas empresas.
Un proyecto de decreto busca establecer una "Red de Protección Social para la Vida" para las personas recicladoras de oficio en Colombia, con el objetivo de dignificar su labor y garantizar el acceso a la seguridad social. La iniciativa está diseñada para proteger a trabajadores independientes con ingresos de hasta un salario mínimo, reconociéndolos como sujetos de especial protección constitucional. Este marco contempla su permanencia o priorización en el régimen subsidiado de salud, así como el acceso a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) o al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP), con aportes de las Organizaciones de Recicladores de Oficio (OROs) y el Fondo de Solidaridad Pensional. Además, se establece que las OROs serán responsables de la afiliación y pago a riesgos laborales, financiados mediante recursos de la tarifa del servicio de aseo. El proyecto también prioriza la inclusión de recicladores adultos mayores en el programa "Colombia Mayor", consolidando derechos fundamentales y resaltando la crucial contribución ambiental de este sector.
Este proyecto de resolución del Ministerio del Trabajo busca adicionar un capítulo al Decreto 1072 de 2015 para prevenir, constatar y sancionar la tercerización e intermediación laboral ilegal, así como promover la formalización y protección de derechos laborales. Define la tercerización laboral y contratistas, y establece criterios como la ejecución personal del trabajo, la determinación de horario y lugar por el beneficiario, y el suministro de herramientas por la empresa contratante, como indicios de ilegalidad. El Ministerio podrá imponer multas sucesivas hasta de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción, ordenar la suspensión temporal de actividades (especialmente si hay afectación a la seguridad y salud), e incrementar sanciones por reincidencia, garantizando que sean disuasorias y proporcionales.
