Esta nueva normativa busca corregir la falta de acciones afirmativas del Decreto 392 de 2018, implementando un sistema robusto de preferencias y puntuación adicional para personas con discapacidad (PcD) en licitaciones y concursos de méritos. El decreto flexibiliza los requisitos habilitantes para emprendimientos y empresas de PcD, garantizando su participación efectiva y fomentando su derecho al trabajo directo, en línea con la Ley 1618 de 2013 y el Plan Nacional de Desarrollo. Además, se elimina el beneficio para familiares o tutores, promoviendo la autonomía de las PcD. La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) monitoreará la calidad y pertinencia de los contratos.